El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el exministro de Hidrocarburos fue imputado dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la compra y comercialización de combustibles. Además, confirmó una orden de aprehensión contra la directora jurídica de YPFB, Daniela Durán.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dentro de la investigación por el denominado caso «gasolina basura». El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la exautoridad será sometida a una audiencia de medidas cautelares, en la que un juez definirá si enfrenta el proceso en libertad o con detención preventiva.

Mariaca explicó que la imputación fue presentada en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y señaló que la comisión de fiscales que dirige la investigación continuará realizando las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.

«El señor Medinaceli ya ha sido imputado y será sometido a una audiencia de medidas cautelares. Será el juez cautelar quien determine si se defiende o no en libertad», afirmó la autoridad, al indicar que la audiencia está prevista para este viernes.

El Fiscal General remarcó que la comisión de fiscales actúa con independencia y tiene la facultad de convocar a declarar a todas las personas que considere necesarias, además de disponer otras actuaciones procesales contempladas en la normativa vigente para el avance de la investigación.

En la misma causa, Mariaca confirmó que existe una orden de aprehensión contra la directora jurídica de YPFB, Daniela Durán, emitida también en el marco del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. La orden fue entregada a la Policía Boliviana para su ejecución.

Según explicó, una vez que Durán sea aprehendida deberá prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público y, posteriormente, será imputada para que un juez determine su situación jurídica.

La investigación del denominado caso «gasolina basura» busca establecer presuntas responsabilidades por supuestas irregularidades en la compra y comercialización de combustibles observados, un proceso que continúa bajo la dirección de una comisión de fiscales del departamento de La Paz.