El Ministerio Público presentó la imputación formal contra el exfiscal general Róger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio. La Fiscalía también solicitó seis meses de detención preventiva.
El caso que involucra a autoridades del Ministerio Público dio un nuevo giro este viernes con la presentación de la imputación formal contra Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, investigados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La imputación fue presentada mientras los cuatro investigados permanecen aprehendidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto, a la espera de una audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica.
Según la información expuesta por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ante la Asamblea Legislativa, el documento atribuye provisionalmente a los cuatro una presunta participación en una estructura que habría facilitado actividades relacionadas con el tráfico de sustancias controladas.
Entre los elementos mencionados dentro de la investigación figuran informes policiales, referencias a información de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), material audiovisual y documentación obtenida durante los operativos, además de actas de requisa, aprehensión, inventarios de teléfonos y otros dispositivos electrónicos.
La investigación se activó después de una serie de operativos ejecutados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, que derivaron en la aprehensión de varias personas. Sin embargo, Oviedo aclaró que la imputación formal presentada este viernes contempla actualmente a cuatro investigados y que la situación jurídica de los demás aprehendidos deberá establecerse de manera individual mediante los actuados correspondientes.
La Fiscalía solicitó que los cuatro imputados sean sometidos a detención preventiva por seis meses. La medida, sin embargo, deberá ser analizada y resuelta por una autoridad judicial durante la audiencia cautelar.
El Ministerio Público argumenta, entre otros aspectos, la existencia de riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. La defensa de los investigados, por su parte, cuestionó distintos aspectos del proceso y rechazó las acusaciones formuladas contra sus patrocinados.
La audiencia cautelar será la siguiente instancia para definir si Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio permanecerán detenidos preventivamente o si la autoridad judicial dispone otras medidas mientras continúa la investigación.
