El Ministerio Público, a través de la fiscal especializada en delitos de corrupción, Yolanda Aguilera, emitió una resolución de sobreseimiento que favorece al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, así como a Gina María Talavera Chávez y Efraín Freddy Suárez Chávez, dejando sin efecto el proceso penal conocido como el “caso notaría”.
La investigación fue iniciada tras detectarse un supuesto documento notarial —un “Poder Especial”— firmado supuestamente por Camacho el 1 de agosto de 2023 en Santa Cruz, mientras este se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, cumpliendo detención preventiva. La aparente contradicción en la ubicación del firmante dio pie a denuncias por falsedad ideológica y usurpación de funciones.
Sin embargo, luego de varios meses de indagación, la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para sustentar una acusación penal contra los tres involucrados. Según el informe final, se confirmaron las restricciones de Camacho ese día: no salió del penal, ni la notaria supuestamente involucrada ingresó a la cárcel.
“El análisis de los elementos recabados permitió establecer que los hechos no se adecúan a los tipos penales señalados. En consecuencia, corresponde emitir una resolución de sobreseimiento por insuficiencia probatoria”, señala el documento emitido por la Fiscalía.
Camacho y Talavera enfrentaban cargos por falsedad ideológica (artículo 199 del Código Penal), mientras que Suárez era investigado por usurpación de funciones (artículo 164, conforme a las modificaciones introducidas por las leyes 004 y 1390).
