El Ministerio Público emitió la imputación en contra del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga Macías; el de la Armada Boliviana Juan Arnez Salvador, y el de la Fuerza Aérea Marcelo Javier Zegarra. Los acusa por los delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, con lo que enfrentan a la posibilidad de tener una pena de 20 años de prisión, y solicita su detención preventiva por el plazo de seis meses en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

La Fiscalía acredita de manera objetiva la existencia de suficientes elementos de convicción, sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados en la comisión de los dos delitos en grado de autoría.

Según el Código Penal, transcrito en la imputación, el delito de terrorismo establece que “el que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentare contra la seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de Jefes de Estado extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidas en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales hechos punibles”.

El delito de Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado es cometido por “Los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de gobierno establecida en ella, deponer algunos de los poderes públicos del gobierno nacional o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su renovación en sus términos legales, serán sancionados con privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años. (…)”.

Medidas cautelares

La Fiscalía establece que hay peligro de fuga y obstaculización de parte de los tres imputados. Sobre el primero sustenta que “los imputados no se someterán al proceso, buscando evadir la acción de la justicia, habiendo realizado una evaluación integral de las circunstancias existentes.

Un reporte emitido el 27 de junio de 2024 reportó que Zúñiga realizó viajes recientes a Chile, Perú y EEUU; Arnez Salvador, a Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Irahola Caero, a Venezuela, Perú, Brasil y Argentina. “Esta información demuestra que los mismos tienen facilidades para abandonar el país, concurriendo este riesgo procesal”, se lee en el texto.

“Además, tómese en cuenta que el Estado Boliviano es un país colindante con países vecinos (Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú) de los cuales cualquier ciudadano de nacionalidad boliviana con documento de Cédula de Identidad puede ingresar a los referidos países que están suscritos al Mercosur, este aspecto si bien puede considerarse subjetivo, sin embargo, en el fondo genera una posibilidad latente por lo que demuestra el riesgo de fuga que puedan tener los imputados”, acota.

EL DEBER