El ultimátum de Evo Morales, que fijó el 3 de octubre como plazo para abrogar las normas sobre la subvención al combustible, generó una respuesta del Gobierno y del alto mando militar.

La advertencia del expresidente Evo Morales de iniciar movilizaciones si hasta el 3 de octubre no se abrogan las normas vinculadas a la eliminación de la subvención al diésel provocó una respuesta inmediata del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, que anunciaron medidas para garantizar el orden y la libre circulación.

El comandante de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, afirmó que los efectivos militares y policiales se encuentran preparados para intervenir ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población o afectar el cumplimiento de la Constitución.

Balderrama sostuvo que la misión de las Fuerzas Armadas será proteger a los ciudadanos y garantizar la libre transitabilidad frente a eventuales bloqueos o movilizaciones que deriven en hechos de violencia.

A esta posición se sumó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien señaló que las protestas deben desarrollarse de manera pacífica. La autoridad advirtió que cualquier acción que represente un riesgo para la vida de las personas será respondida mediante el uso de la fuerza establecido por la normativa vigente.

Justiniano también cuestionó la posibilidad de que desde el Chapare se impulse un nuevo escenario de conflicto y remarcó que los bloqueos de carreteras terminan afectando principalmente a la población, además de generar dificultades para el transporte y el abastecimiento.

El presidente Rodrigo Paz también se refirió al anuncio de Morales y lo convocó a resolver sus diferencias mediante el diálogo. El mandatario cuestionó las advertencias de movilización y sostuvo que cualquier planteamiento debe ser llevado a una mesa de negociación.

Con el plazo fijado para el 3 de octubre, el conflicto por las medidas adoptadas sobre los carburantes vuelve a generar tensión entre el Gobierno y sectores vinculados al evismo. Mientras estos exigen la abrogación de los decretos, el Ejecutivo mantiene su posición de preservar las medidas y garantizar la circulación en las carreteras.