El Tribunal Segundo de Sentencia Constitucional concedió la tutela solicitada por pacientes renales y ordenó al Ministerio de Salud cumplir con las obligaciones pendientes para evitar la interrupción del servicio. En Santa Cruz, alrededor de 2.000 personas dependen de este tratamiento.
Una resolución judicial abrió una nueva esperanza para miles de pacientes renales que enfrentan el riesgo de quedarse sin tratamiento de hemodiálisis debido a la falta de pagos del Estado. El Tribunal Segundo de Sentencia Constitucional concedió la tutela solicitada y dispuso que se garantice la continuidad de este servicio esencial.
La determinación fue celebrada este martes por representantes del Comité Pro Santa Cruz, pacientes renales y el abogado que promovió la acción constitucional. Durante una conferencia, señalaron que el fallo establece que la protección de la vida y la salud debe estar por encima de procedimientos administrativos y obligaciones burocráticas.
Según los datos expuestos durante la audiencia, cerca de 6.000 pacientes renales en Bolivia y unos 2.000 en Santa Cruz requieren tratamientos de hemodiálisis de manera permanente para mantener con vida.
El abogado que patrocinó la acción explicó que durante la audiencia se evidenció que el Ministerio de Salud y Deportes mantiene obligaciones económicas pendientes con los establecimientos que brindan este servicio. De acuerdo con lo señalado, no se habrían realizado pagos desde diciembre del año pasado, situación que puso en riesgo la continuidad de las sesiones de diálisis.
La resolución establece que las autoridades responsables deben cumplir de manera inmediata con lo determinado por el tribunal. En caso de incumplimiento, se podrían activar mecanismos legales, incluida la remisión de antecedentes al Ministerio Público y la adopción de medidas coercitivas, conforme corresponda.
Desde el Comité Pro Santa Cruz destacaron que la decisión judicial representa un avance para los pacientes que durante semanas realizaron una vigilia y denunciaron las dificultades que atravesaban para acceder a su tratamiento.
“Hoy ganó la vida”, afirmó uno de los representantes cívicos, al señalar que el objetivo de la acción constitucional era evitar que los trámites administrativos se impongan sobre el derecho a la salud de los pacientes renales.
Por su parte, los pacientes expresaron su satisfacción por el fallo y agradecieron el respaldo recibido durante la presentación del recurso. Recordaron que la hemodiálisis es indispensable para su supervivencia y advirtieron que la suspensión de este tratamiento puede tener consecuencias graves.
Los representantes de los pacientes también cuestionaron la falta de respuesta de algunas autoridades departamentales y municipales durante los días de vigilia y señalaron que continuarán atentos al cumplimiento de la resolución constitucional.
Ahora, el cumplimiento de la determinación queda en manos de las autoridades responsables de garantizar los recursos y la continuidad del servicio. Los pacientes esperan que el fallo permita restablecer la atención con normalidad y evitar que vuelvan a enfrentar interrupciones en sus tratamientos.