La ex viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, es señalada por presuntas irregularidades que incluyen tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La denuncia establece que Alcón utilizó la Fundación en Comunicación Libertad y Democracia (FCLD) para convertirse en propietaria de cuatro radios en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí bajo el nombre de Onda Colectiva. Inicialmente constituida como fundación sin fines de lucro, Alcón habría gestionado irregularmente la modificación de su personalidad jurídica a fundación comercial, lo que permitió beneficiarse directamente de contratos publicitarios millonarios con empresas estatales como YPFB, sumando más de Bs. 650.000.
Asimismo, se denuncia que Alcón, aprovechando su cargo de viceministra, logró obtener cuatro licencias de radio de manera irregular, pese a que la normativa de la ATT permite solo una licencia por año. Además, se coordinaba con familiares cercanos del presidente Luis Arce Catacora en la asignación de pautas publicitarias, generando un claro conflicto de intereses.
La denuncia señala que estas acciones representan un uso indebido de funciones públicas para beneficio propio, manipulando normativas y favoreciéndose económicamente en el marco de su cargo.
Este caso abre serias interrogantes sobre la transparencia y ética en la gestión pública y la relación entre medios de comunicación y el Estado.
