El exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, fue condenado a ocho años de cárcel por haber gestionado un préstamo internacional sin la debida aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según dictaminó el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Anticorrupción de La Paz.

El caso se remonta al año 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, cuando Parada —junto al entonces presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz— firmó una carta de intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). El monto solicitado ascendía a 240,1 millones de DEG, equivalente a unos 24 millones de dólares, bajo el argumento de atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.

La justicia boliviana determinó que dicho trámite se realizó sin la aprobación del órgano legislativo, como lo exige la Constitución, incurriendo en una serie de irregularidades legales. Posteriormente, el 20 de abril de ese mismo año, se formalizó un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Economía y el BCB para viabilizar el crédito, lo que agravó la falta al marco normativo vigente.

Además de la condena contra Parada, el tribunal dictó cinco años de prisión para Aponte, quien fue declarado rebelde, al igual que Walter Erik Guzmán Tordoya, sentenciado a un año de reclusión. Ninguno de ellos se presentó al juicio oral. En contraste, cinco exfuncionarios implicados en el mismo proceso fueron absueltos de toda responsabilidad penal: Carlos Schlink, Luis Pinell, Roger Banegas, José Espinoza y Erwin Morales.

Los delitos por los cuales fueron acusados incluyen: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta económica antieconómica, en base a los artículos 153, 154, 221 y 224 del Código Penal boliviano.

La causa fue promovida por el Ministerio Público, en coordinación con la Procuraduría General del Estado, el Banco Central y el Viceministerio de Transparencia. Para estas instituciones, el fallo representa un avance importante en la rendición de cuentas por decisiones económicas que afectaron la legalidad institucional durante la pandemia.

La Procuraduría destacó que este resultado representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del país. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, señaló Ricardo Condori Tola.

FUENTE: .PGE