En el caso que indaga un presunto esquema de coimas, surgió un nuevo elemento que involucra al exdirigente Juan Carlos Huarachi: documentos que acreditan que desde 2017 percibe una pensión de invalidez. El beneficio le fue otorgado tras un informe médico que atribuyó su condición a un “deterioro respiratorio”.

El abogado Abel Loma, denunciante en el proceso, manifestó sus dudas sobre la autenticidad del diagnóstico que permitió que Huarachi accediera a la renta. Asegura que podría haberse utilizado algún tipo de influencia para viabilizar una calificación de invalidez que, según su criterio, no reflejaría el estado real de salud del exdirigente.

De acuerdo con los antecedentes, Huarachi tramitó la pensión debido a las labores que desempeñó como perforista en la Empresa Minera Huanuni. La normativa determina que la invalidez solo puede ser declarada cuando la enfermedad es irreversible y el tratamiento ya no puede ofrecer recuperación.

El certificado médico, emitido el 17 de agosto de 2017, estableció que el entonces dirigente —a punto de cumplir 41 años— ya no era apto para continuar su actividad laboral. Años después, en 2022, la Entidad Encargada de Calificar ratificó la valoración inicial y añadió un diagnóstico más amplio: silicosis pulmonar crónica, gonartrosis en ambas rodillas, hernia de disco y trauma acústico.

En el expediente figura también una boleta reciente por más de 8 mil bolivianos, correspondiente a una pensión de riesgo, lo que refuerza la atención del denunciante sobre el caso.

Loma sostiene que cuenta con el nombre de la profesional médica que firmó el certificado y pide a las autoridades investigar cómo se avaló la invalidez. “El señor Huarachi no muestra señales de enfermedad; siempre ha mantenido una actitud desafiante”, afirmó.

El exdirigente permanece aprehendido en el caso de presuntas coimas, mientras un juez definirá en las próximas horas si se ordena su detención preventiva.