El expresidente afirmó que no contratará abogados para afrontar el proceso por los hechos ocurridos en abril de 2009. Morales sostiene que sus decisiones estuvieron orientadas a preservar la unidad territorial de Bolivia.

El expresidente Evo Morales aseguró que no tiene intención de asumir una defensa legal en el proceso relacionado con el caso Hotel Las Américas y manifestó que está dispuesto a ir a prisión si esa es la consecuencia de las acusaciones en su contra.

“Si Evo tiene que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente”, declaró durante su programa radial. En la misma intervención, sostuvo que no contratará abogados para afrontar el proceso. “No quiero defenderme, no quiero contratar ningún abogado”, agregó.

Morales vinculó el caso con el operativo policial ejecutado en abril de 2009 en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. El exmandatario argumenta que su actuación respondió a la necesidad de proteger la integridad territorial del país frente a presuntos planes separatistas.

En ese sentido, cuestionó que se impulsen acciones judiciales en su contra por lo ocurrido durante su Gobierno y acusó a sus detractores de promover un juicio de responsabilidades por decisiones que, según su versión, estuvieron dirigidas a preservar la unidad nacional.

El proceso por el caso Hotel Las Américas

El caso se remonta al operativo policial realizado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. Durante la intervención murieron Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.

Los hechos dieron lugar a una controversia judicial y política sobre las circunstancias del operativo y el tratamiento de los detenidos. Morales es investigado por presuntos delitos de asesinato y tortura, en relación con las acusaciones sobre su posible responsabilidad en los hechos.

El exmandatario rechaza las interpretaciones que cuestionan su actuación y reivindica su papel en la defensa de la integridad territorial de Bolivia. El avance del proceso deberá determinar las responsabilidades que correspondan conforme a las actuaciones judiciales y las pruebas presentadas.