La abogada Cecilia Urquieta afirmó que la mujer que figura como víctima habría solicitado quedar fuera de la investigación y cuestionó el cambio de postura de la Policía respecto al mandamiento de aprehensión. Marcelo Galván, por su parte, criticó el impacto económico del Decreto Supremo 5676.

El equipo jurídico de Evo Pueblo cuestionó la forma en que se desarrolla en Tarija el proceso iniciado contra el expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de estupro, trata y tráfico, y puso en duda la continuidad de la investigación.

La abogada Cecilia Urquieta afirmó que la persona que figura como víctima habría solicitado expresamente ser excluida del proceso, por lo que consideró que este aspecto debería ser tomado en cuenta dentro de las actuaciones judiciales.

La jurista también observó la actuación de la Policía en relación con el mandamiento de aprehensión contra el excomandante policial, al señalar que anteriormente se había sostenido que no existían elementos suficientes para ejecutar dicha orden.

En ese sentido, cuestionó que la institución policial haya modificado su posición pese a que, según sostuvo, las circunstancias del caso no habrían cambiado.

Urquieta insistió en que, desde su perspectiva, no existen elementos suficientes para continuar con el proceso y denunció una presunta utilización política de la justicia. Como argumento, comparó la atención que recibe esta causa con otras investigaciones pendientes de ejecución.

La abogada mencionó que existen miles de procesos sin mandamientos de aprehensión ejecutados y citó, entre otros, casos relacionados con violencia contra la mujer, corrupción y narcotráfico.

Paralelamente, Marcelo Galván cuestionó el Decreto Supremo 5676 y advirtió sobre sus posibles efectos en la economía de los hogares bolivianos.

Galván sostuvo que las medidas contempladas en la norma terminarían incrementando el costo de vida y afectando directamente a la canasta familiar. A su criterio, la situación del sector hidrocarburífero tendría consecuencias que finalmente serían trasladadas a los consumidores.

“Este decreto refleja precisamente eso, el encarecimiento de la vida y de la canasta familiar”, afirmó.

De esta manera, representantes de Evo Pueblo centraron sus críticas tanto en el proceso judicial que involucra a Morales como en las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, cuestionando sus efectos sobre la población y reclamando mayor atención a otros procesos considerados prioritarios.