Durante la segunda vuelta electoral, la Policía detuvo a 221 personas con cuentas pendientes ante la justicia, la mayoría por asistencia familiar. Sin embargo, Evo Morales, que también asistió a votar, no fue retenido, a pesar de contar con dos mandamientos de aprehensión por trata de personas con agravante.

La orden de aprehensión contra el expresidente data de enero de 2025 y no ha sido ejecutada nueve meses después, generando críticas sobre la operatividad del sistema judicial y la igualdad ante la ley.

El abogado constitucionalista y exdirigente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, señaló que la situación evidencia una percepción de privilegio. “Que una persona buscada por la justicia se presente públicamente y no sea detenida demuestra debilidad institucional y trato desigual. La justicia debe aplicarse a todos por igual”, declaró.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, recordó que la justicia ya cumplió su rol mediante la declaración de rebeldía y los mandamientos de aprehensión, pero que la ejecución corresponde a la Policía. “Cuando Morales u otro imputado sea puesto a disposición judicial, será procesado como cualquier ciudadano”, afirmó.

El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó que la Fiscalía de Tarija presentó la acusación formal contra Morales, iniciando la etapa de juicio oral en un tribunal de sentencia. Reiteró que la orden de aprehensión permanece vigente y debe ser ejecutada por la Policía.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, justificó la demora alegando alto riesgo de enfrentamientos y posibles incidentes violentos en el Trópico de Cochabamba, donde se planea un operativo seguro para cumplir la orden.

Con este escenario, la atención está puesta en la coordinación entre las instituciones, mientras Morales continúa en libertad pese a las órdenes judiciales, lo que ha generado preocupación sobre la fortaleza del Estado y la igualdad ante la ley.