EVO MORALES: “SI REALMENTE QUISIERAN LUCHAR CONTRA EL NARCOTRÁFICO, LA LISTA SERÍA MÁS LARGA”
El expresidente calificó las medidas migratorias estadounidenses como un mecanismo de presión política y sostuvo que la lista de bolivianos sancionados debería incluir a más autoridades y operadores judiciales presuntamente vinculados con la protección de redes criminales.
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El expresidente Evo Morales cuestionó las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos a ciudadanos bolivianos y acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de someterse a los intereses de Washington. A través de sus redes sociales, sostuvo que estas medidas constituyen una herramienta de presión sobre gobiernos y autoridades.
Morales consideró que las visas estadounidenses son utilizadas para condicionar decisiones políticas y judiciales, en lugar de representar únicamente un requisito migratorio. En ese contexto, afirmó que las restricciones buscan ejercer influencia sobre quienes ocupan cargos de poder.
El exmandatario también puso en duda el alcance de la lista difundida por el Departamento de Estado y señaló que, si el objetivo fuera combatir la corrupción y el narcotráfico, deberían figurar más nombres.
“Si realmente quisieran luchar contra el narcotráfico y la corrupción, la lista sería mucho más larga”, escribió Morales, al mencionar a políticos, ministros, jueces y fiscales que, según sus acusaciones, protegerían a narcotraficantes y delincuentes.
En su pronunciamiento, el exjefe de Estado cuestionó lo que considera un trato desigual por parte de Estados Unidos hacia los actores políticos y sostuvo que las restricciones se utilizan para presionar a quienes no aceptan sus condiciones.
Asimismo, vinculó la política estadounidense con la relación que mantiene actualmente con el Gobierno boliviano y acusó a la administración de Rodrigo Paz de actuar en función de los intereses de Washington.
Las declaraciones de Morales se producen después de la difusión de una nueva nómina de 15 ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visa por parte de Estados Unidos, en la que figuran legisladores, jueces, fiscales y funcionarios de distintas instituciones públicas.
Hasta el momento, las afirmaciones del expresidente sobre la supuesta protección de redes criminales corresponden a sus declaraciones públicas y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas a las que aludió.