El expresidente acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de recurrir a apoyo externo para abordar las investigaciones en su contra y afirmó que el proceso de reestructuración de la Fiscalía sería una estrategia para frenar otras investigaciones. Sus afirmaciones no fueron acompañadas de nuevas pruebas en su publicación.

El expresidente Evo Morales respondió al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, luego de que la autoridad hiciera referencia al denominado “Caso Morales” y planteara la necesidad de recurrir a mecanismos de cooperación internacional para abordar el proceso.

A través de sus redes sociales, Morales cuestionó la posición del Gobierno de Rodrigo Paz y afirmó que Bolivia habría perdido autonomía en la toma de decisiones. En ese contexto, calificó de manera crítica a Aramayo y rechazó las acusaciones realizadas en su contra.

El exmandatario también vinculó sus cuestionamientos con la situación del Ministerio Público. Según su versión, el reciente cambio en la conducción de la Fiscalía General del Estado y las acciones anunciadas para reestructurar esa institución responderían a una estrategia para impedir el avance de investigaciones que, afirmó, involucrarían a personas cercanas al actual Gobierno.

Morales incluyó además en sus acusaciones al empresario y consultor argentino Fernando Cerimedo, a quien señaló de tener vínculos con funcionarios y de desempeñar un papel dentro del entorno presidencial. Sostuvo que el denominado “caso Cerimedo” tendría implicaciones más amplias y pidió que se investiguen sus presuntas conexiones con redes de narcotráfico y operaciones políticas.

En su pronunciamiento, el expresidente aseguró que el Gobierno debería explicar las denuncias de corrupción y los supuestos vínculos con organizaciones criminales que él atribuye a funcionarios de la actual administración. Sin embargo, varias de estas afirmaciones fueron planteadas por Morales como acusaciones políticas y no estuvieron acompañadas, en la publicación, de documentación o nuevos elementos de prueba.

La respuesta se produce en medio de investigaciones que involucran a distintas autoridades y exautoridades, además de la reciente designación de José Armando Urioste Viera como fiscal general del Estado interino, quien anunció una revisión de la estructura y los sistemas internos del Ministerio Público.

Morales cerró su pronunciamiento cuestionando la política exterior del Gobierno y advirtiendo sobre los efectos que, a su criterio, podría generar una mayor participación de actores internacionales en asuntos internos de Bolivia.