
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció este martes un cambio en la estrategia de inversión de la Gestora Pública. Según explicó, mientras la anterior administración destinaba principalmente los recursos de los aportes al Tesoro del Estado, la nueva gestión enfocará estas inversiones en el sector privado, con el objetivo de dinamizar la economía y fomentar la generación de empleo.
Espinoza cuestionó la estrategia del gobierno anterior, que, mediante el control político, colocó los fondos de la Gestora en un Estado que arrastraba un déficit fiscal sistemático durante 12 años, lo que consideró insostenible. “El flujo que recibe todos los meses la Gestora ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado”, afirmó el Ministro.
De acuerdo con Espinoza, este giro permitirá aumentar la disponibilidad de crédito y dinamizar la Bolsa Boliviana de Valores, canalizando recursos hacia empresas que requieran ampliar sus operaciones o generar nuevos puestos de trabajo. En los últimos cinco años, señaló, el Tesoro fue el principal receptor de las inversiones de la Gestora, lo que ahora cambia con la nueva administración.
Investigación por malos manejos
El ministro informó que se están revisando posibles malos manejos en la Gestora y que los resultados serán presentados ante el Ministerio Público. Entre las irregularidades detectadas se encuentran compras por valores superiores al mercado y operaciones financieras cuestionables que requieren un análisis detallado.
Críticas a la nacionalización de las AFP
Espinoza también cuestionó los resultados de la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) realizada por el gobierno del MAS para crear la Gestora. Señaló que la administración pública no ha generado beneficios claros y que se enfrentan litigios con las empresas que anteriormente administraban las AFP.
Como ejemplo, mencionó que los gastos legales superan medio millón de dólares anuales y existe el riesgo de perder un litigio por 171 millones de dólares, además de otro monto correspondiente a un laudo previo.
Con estas medidas, la actual administración busca optimizar la inversión de los aportes, impulsar el sector privado y garantizar una gestión más transparente y eficiente de la Gestora Pública.







