Dos de los cinco imputados por los enfrentamientos registrados durante el operativo de desbloqueo en San Julián fueron enviados con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola, mientras que los otros tres recuperaron su libertad por determinación judicial.

La decisión fue asumida al concluir la audiencia de medidas cautelares desarrollada este lunes en el Palacio de Justicia, donde el Ministerio Público presentó una imputación por siete delitos relacionados con los hechos violentos ocurridos el pasado 6 de junio durante la intervención policial en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni.

Entre los delitos atribuidos se encuentran terrorismo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción o deterioro de bienes públicos, atentado contra la libertad de trabajo y lesiones graves y leves.

Tras conocerse la resolución, el abogado defensor Jacobo Rodríguez anunció que apelará la detención preventiva de los dos acusados que fueron trasladados a Palmasola y aseguró que solicitará posteriormente una cesación a la medida cautelar.

El jurista cuestionó la imputación presentada por la Fiscalía y sostuvo que varios de los delitos atribuidos no se ajustan a los hechos investigados. Además, afirmó que la acusación se sustenta principalmente en informes de patrullaje cibernético elaborados por la Policía sobre publicaciones relacionadas con el bloqueo en San Julián.

La defensa también aseguró que los dos imputados enviados a prisión no participaban en las movilizaciones al momento de su aprehensión. Según Rodríguez, uno se encontraba dirigiéndose a su trabajo y el otro realizaba labores en una granja cuando ocurrieron los enfrentamientos.

Los cinco procesados fueron investigados por su presunta vinculación con los disturbios registrados durante el operativo policial que buscaba despejar la ruta bloqueada desde hacía más de dos semanas. De acuerdo con reportes oficiales, los hechos dejaron al menos seis heridos, entre ellos cinco efectivos policiales.

Mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para sustentar la imputación, la defensa insiste en que no hay pruebas que justifiquen la detención de sus representados y espera que la medida sea revisada en una instancia superior.