La crisis de combustibles en Bolivia generó un nuevo choque entre el sector privado y las autoridades estatales. La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) respaldó a ASOSUR La Paz, tras el precintado de estaciones de servicio, calificando la medida como un “ataque injustificado” que busca trasladar responsabilidades al sector privado.
ASOSUR denunció que estas acciones son una “persecución administrativa” y advirtieron que se intenta encubrir fallas en la importación, control y logística estatal. “Nos quieren convertir en chivos expiatorios de un problema estructural que no nos corresponde”, afirmaron.
El gremio reiteró que no tiene participación en la refinación ni en la importación de combustibles, y que cualquier alteración en su composición, como exceso de manganeso o presencia de gomas, se origina antes de llegar al país.
Como respuesta, ASOSUR exige transparencia inmediata: auditorías externas, certificados de calidad verificados en origen, controles permanentes en Planta Senkata y muestras testigo certificadas en cada despacho. Además, advirtieron que, de no cumplirse estas condiciones, podrían suspender temporalmente el retiro de combustible hasta garantizar que el producto cumpla con los estándares requeridos.
Con esta postura, el sector privado deja claro que no asumirá responsabilidades que corresponden exclusivamente al control estatal, marcando un nuevo capítulo en la disputa por la gestión de los hidrocarburos en Bolivia.
