El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, denunció la existencia de grupos de poder que buscan modificar la composición del gabinete del presidente Rodrigo Paz, en particular reemplazar al ministro de Justicia, Freddy Vidovic, por el abogado Martín Camacho, vinculado al gobernador Fernando Camacho. Lara aseguró que hay también acciones que buscan desplazarlo de funciones que le corresponden según la Administración Política del Estado.

Para analizar el panorama, el analista político Emilio Rodas explicó que las diferencias entre el presidente y el vicepresidente reflejan un reacomodo de fuerzas dentro del Ejecutivo. “Después del 16 de octubre, Rodrigo Paz modificó la base de sustentación de su gobierno. En lugar de fortalecer su respaldo en La Paz, El Alto y Potosí, buscó acuerdos con sectores empresariales y políticos de Santa Cruz que antes apoyaban a Jorge ‘Tuto’ Quiroga”, señaló.

Rodas indicó que estos grupos de poder, con historial de influencia en gobiernos anteriores, mantienen presencia en el gabinete. “Aunque a Lara se le otorgó el Ministerio de Justicia, su rol es más simbólico que real. La mayoría parlamentaria del presidente Paz se sostiene con Doria Medina, ‘Tuto’ Quiroga y la bancada cruceña, dejando a Lara y su voto popular en una posición secundaria”, afirmó.

El analista alertó sobre la comunicación directa y sin filtro de Lara, que podría generar tensiones adicionales. También destacó la diferencia simbólica entre ambas autoridades: Lara mantiene símbolos culturales y cercanía con sectores sociales, mientras Paz adopta un estilo más aristocrático y distante de las bases populares. “Intentar construir unidad sobre la base de la exclusión es más gasolina para la confrontación que para la reconciliación”, advirtió.

Primeros pasos en la gestión de combustibles y finanzas

En materia económica, el gobierno ejecutó la primera medida relevante: garantizar el ingreso de combustible al país. No obstante, Rodas precisó que el suministro corresponde a contratos firmados por la administración anterior. “El nuevo gobierno solo ha asegurado los recursos inmediatos para cubrir pagos pendientes y garantizar la continuidad del suministro”, explicó.

El analista advirtió que la operación está condicionada por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el BID, que exigen la eliminación gradual de la subvención a los combustibles. Además, Bolivia enfrenta tres frentes críticos de demanda de dólares: producción de combustibles, estabilidad cambiaria y pago de deuda externa. “El Estado recauda en bolivianos, pero sus compromisos internacionales requieren dólares, y actualmente no hay reservas suficientes”, señaló.

Rodas también destacó la falta de aporte en divisas del sector privado, que mantiene sus recursos en el exterior, dejando al Estado la responsabilidad de financiar la importación de combustibles. “Si el gobierno no logra equilibrar la obtención de dólares con la necesidad de sostener la economía interna, podrían generarse conflictos económicos y sociales”, concluyó.