El domingo 26 de noviembre sería la fecha tope o el plazo máximo para la realización de las elecciones judiciales de 2023, informó ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, sólo es una posibilidad porque todo depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y si ésta aprueba una ley corta para tal efecto.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró que los expertos del ente electoral señalaron algunos hitos tomando en cuenta las probables circunstancias. Por ejemplo, si hasta el 17 de mayo la ALP lanza la convocatoria para las elecciones judiciales, el 10 u 11 de junio, el TSE puede lanzar su propia convocatoria. “Esto nos permitiría llevar adelante el proceso electoral el 5 de noviembre de este año”, dijo la autoridad electoral.
“Si esto no fuera posible y los plazos tuvieran que acortarse y nos viéramos obligados a acudir a una solución como la que se encontró el año 2017, en que se dictó una ley especial, la Ley 960, en el marco de esa ley, y probablemente acortando algunos plazos, hasta donde sea posible, podríamos llevar la elección el día 26 de noviembre”, adelantó Hassenteufel.
El presidente del ente electoral subrayó que hasta la fecha “no se tiene nada definido”. Indicó que todo va a depender del tratamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que debe resolver una acción de inconstitucionalidad que presentaron contra la convocatoria, y del manejo que le dé la ALP.
En esa línea el vicepresidente del ente colegiado, Francisco Vargas, agregó que junto con los vocales de todos los tribunales electorales departamentales se realizó un análisis técnico, tomando en cuenta los plazos mínimos y máximos que se requieren para poder garantizar “una elección de calidad” y que cumpla los estándares internacionales exigidos para un proceso de esta naturaleza.
Con la última modificación aprobada en el Legislativo, el TSE calculó que la elección judicial sería el último domingo de octubre o el primer domingo de noviembre. No obstante, el TCP paralizó toda actividad desde que admitió la mencionada Acción de Inconstitucionalidad.
El 27 de abril pasado, la Comisión de Admisión del TCP aceptó el recurso de Acción Abstracta de Inconstitucionalidad que presentó el 24 de abril el diputado de Creemos Leonardo Fabián Ayala, contra el segundo reglamento y convocatoria que lanzó el Legislativo el viernes 20 de abril. El accionante observa que la ALP aprobó las normas sólo con una resolución y no así con una ley como en las elecciones pasadas. Con esta acción, el TCP ordenó la “suspensión provisional” del registro de precandidatos al Órgano Judicial.
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