La evaluación de Washington corresponde a los últimos 12 meses y cuestiona el incremento de los cultivos de coca y el impacto de la corrupción en las investigaciones. Al mismo tiempo, destaca una mayor cooperación con la administración de Rodrigo Paz y deja abierta una posible revisión de la calificación.

Estados Unidos volvió a incluir a Bolivia entre los países que, de acuerdo con su evaluación anual, no demostraron durante los últimos 12 meses avances suficientes para cumplir sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. La determinación corresponde al año fiscal 2027 y fue presentada por la Casa Blanca ante el Congreso estadounidense.

La evaluación abarca un periodo que comprende parte de la gestión de Luis Arce y los primeros meses del Gobierno de Rodrigo Paz. Sin embargo, Washington establece una diferencia entre ambas administraciones al señalar que el actual Gobierno todavía no tuvo tiempo suficiente para revertir el incremento de los cultivos de coca registrado durante el periodo anterior.

El dato coincide con el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado en septiembre. El documento establece que Bolivia cerró 2025 con 36.400 hectáreas de coca cultivada, 7% más que las 34.000 hectáreas registradas en 2024. La superficie también supera en 14.400 hectáreas el límite de 22.000 establecido por la Ley 906.

El mayor incremento se registró en el Trópico de Cochabamba, donde los cultivos pasaron de 14.275 a 17.471 hectáreas, equivalente a un aumento del 22%. En Los Yungas de La Paz, en cambio, la superficie disminuyó de 19.230 a 18.430 hectáreas.

Washington destaca cooperación con el Gobierno de Paz

Pese a mantener la calificación negativa, Estados Unidos también identificó cambios en la relación bilateral. Según la evaluación, la cooperación antidrogas con la administración de Rodrigo Paz se amplió y permitió retomar mecanismos de coordinación entre organismos de ambos países.

Entre los hechos destacados figura la captura y posterior extradición a Estados Unidos de Sebastián Marset, concretada en marzo de 2026, además de la reanudación de acciones conjuntas contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El informe estadounidense también señala a la corrupción como un factor que, según su evaluación, continúa dificultando las investigaciones y favoreciendo las actividades relacionadas con el narcotráfico.

Washington dejó abierta la posibilidad de revisar la situación de Bolivia en la próxima evaluación si el país demuestra avances concretos en la reducción de la producción ilícita de drogas y registra progresos sustanciales en la lucha contra la corrupción.

La inclusión en esta categoría tampoco implica la suspensión automática de toda la asistencia estadounidense. La determinación contempla una excepción para Bolivia al considerar que mantener determinada ayuda responde a intereses nacionales de Estados Unidos.