EEUU INVESTIGA PRESUNTOS SOBORNOS DE LA RED DE MARSET A FUNCIONARIOS DE BOLIVIA Y OTROS TRES PAÍSES
La investigación federal en Virginia busca demostrar que la organización del narcotraficante uruguayo pagó a autoridades para obtener información confidencial, conocer operativos antinarcóticos y evitar capturas. El caso también alcanza a exautoridades bolivianas.
Por Actualidad Contenidos ·

Las investigaciones de agencias especializadas de Estados Unidos sobre la estructura financiera del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset avanzan hacia una nueva línea: establecer si su organización pagó sobornos a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela para obtener información privilegiada y garantizar la continuidad de sus operaciones ilícitas.
El proceso, que se desarrolla ante la justicia federal del estado de Virginia, busca incorporar mensajes y documentos relacionados con supuestos pagos a autoridades de esos cuatro países. Según información citada por la organización periodística OCCRP y documentos judiciales revisados por EL DEBER, estos recursos habrían permitido a Marset acceder a expedientes de narcotráfico en Bolivia, conocer reuniones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y anticiparse a procedimientos policiales.
Los antecedentes financieros de esta estructura ya habían sido expuestos en una acusación presentada en 2024 ante un tribunal federal de Virginia, dentro del expediente 1:23-cr-00143-RDA. En ese proceso se describió el mecanismo que supuestamente utilizaban Marset y su socio Federico Santoro Vassallo, conocido como Capitán, para lavar las ganancias obtenidas por la comercialización de cocaína en Europa y trasladarlas nuevamente a Sudamérica.
De acuerdo con los documentos judiciales, en enero de 2021 Marset tenía pendientes de cobro más de 17 millones de euros por un cargamento de droga. Santoro habría organizado el lavado de al menos cinco millones de euros y transferido otros ocho millones en un periodo inferior a cinco meses.
Para movilizar estos recursos, la organización recurría a mensajeros, dinero en efectivo, facturas falsas y aproximadamente siete empresas utilizadas como fachadas para disimular el origen y la propiedad de los fondos. Parte de las operaciones financieras pasó por un servidor bancario ubicado en Richmond, Virginia, lo que permitió establecer conexiones con el sistema financiero estadounidense.
Santoro fue condenado en 2025 a 15 años de prisión en Estados Unidos, después de admitir su participación en una conspiración de lavado de activos. Tras la sentencia, el Departamento de Justicia informó sobre el decomiso de 11,5 millones de dólares vinculados a estas operaciones.
PRESUNTOS PAGOS A FUNCIONARIOS Y FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN
La nueva línea investigativa tomó fuerza en noviembre de 2026, cuando fiscales federales solicitaron al juez Rossie Alston Jr. autorización para incorporar comunicaciones y documentos relacionados con supuestos sobornos a funcionarios de los cuatro países mencionados.
Entre los elementos que buscan presentar figuran mensajes cifrados de la plataforma Sky ECC, atribuidos a 12 integrantes de la organización, tres de ellos presuntamente vinculados directamente con Marset. Sin embargo, la defensa cuestionó la incorporación de estas pruebas, por lo que su admisión todavía depende de una decisión judicial.
En Bolivia, el caso coincide con las investigaciones sobre una presunta infiltración del narcotráfico en instituciones estatales. El fiscal general interino, José Armando Urioste, expuso recientemente ocho mecanismos que habría utilizado el crimen organizado para penetrar estructuras públicas, entre ellos el acceso de terceros a los sistemas informáticos de la Fiscalía, donde se administran expedientes y se coordinan investigaciones y operativos.
Según las pesquisas bolivianas, Marset habría llegado a pagar hasta 500.000 dólares mensuales a cambio de información confidencial que le permitiera anticiparse a los procedimientos policiales. En esta línea también son investigados el exfiscal general Róger Mariaca Montenegro, el exfiscal departamental Alberto Zeballos, el exfiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio.
Otro antecedente relevante se produjo el 28 de septiembre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a Mariaca por presunta corrupción significativa y sostuvo que habría solicitado y recibido sobornos para favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. La exautoridad rechazó las acusaciones y permanece detenida en el penal de Cantumarca, en Potosí, desde hace más de 50 días.
MARSET SE PREPARA PARA ENFRENTAR JUICIO EN EEUU
En paralelo, el juez Rossie Alston Jr. rechazó los recursos presentados por la defensa de Marset para excluir las declaraciones que prestó ante agentes de la DEA después de su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo. La autoridad judicial concluyó que no existió vulneración de sus derechos.
El juicio con jurado contra el narcotraficante uruguayo está previsto para el 11 de enero de 2027, en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. Marset deberá responder por cargos relacionados con lavado de dinero, tráfico de cocaína y narcoterrorismo.
En esa instancia, la Fiscalía estadounidense pretende presentar elementos sobre el recorrido del dinero procedente del narcotráfico y los presuntos pagos a funcionarios, con el objetivo de demostrar cómo la organización habría construido una red de protección e información para sostener sus operaciones criminales en distintos países.
FUENTE: EL DEBER