EEUU BUSCA PROBAR QUE MARSET SOBORNÓ A FUNCIONARIOS DE BOLIVIA Y OTROS TRES PAÍSES

La Fiscalía de Estados Unidos busca incorporar nuevas pruebas contra el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, entre ellas mensajes cifrados, registros de comunicaciones y supuestos sobornos a funcionarios públicos de varios países sudamericanos, incluido Bolivia, de cara al juicio previsto para principios de 2027.

Las solicitudes fueron presentadas esta semana ante el juez federal Rossie Alston Jr. por el Departamento de Justicia, que considera que estos elementos permitirán al jurado conocer el funcionamiento y la dimensión internacional de la presunta organización criminal dirigida por Marset.

De acuerdo con las mociones judiciales, los fiscales sostienen que el acusado habría recurrido al pago de sobornos para conseguir información confidencial, protección de autoridades y facilidades que le permitieran continuar con sus actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Los documentos mencionan presuntos pagos a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Según la acusación, estas operaciones habrían permitido a Marset acceder a información sobre investigaciones policiales, anticiparse a operativos de captura y conocer reuniones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) con autoridades bolivianas.

Los fiscales también buscan demostrar que el presunto líder criminal habría utilizado la corrupción como mecanismo para neutralizar a las autoridades que investigaban sus operaciones. En los escritos presentados, describen una estructura que recurría a amenazas y hechos violentos contra quienes se oponían a sus actividades o colaboraban con las fuerzas del orden.

Otro de los elementos que el Departamento de Justicia pretende incorporar son las conversaciones realizadas mediante teléfonos de la red encriptada Sky ECC, utilizada por organizaciones criminales en distintas partes del mundo. Los investigadores aseguran haber identificado 12 números vinculados a los presuntos integrantes de la conspiración, tres de los cuales atribuyen a Marset.

Según los fiscales, esos dispositivos contenían mensajes, fotografías y otros datos que permitirían establecer la identidad del acusado y reconstruir sus comunicaciones. Incluso señalaron que entre los archivos existiría una fotografía de una persona asesinada, cuya muerte atribuyen al narcotraficante.

La defensa cuestiona las pruebas

Por su parte, los abogados de Marset buscan limitar los elementos que puedan ser presentados ante el jurado. Cuestionaron la validez de la acusación inicial por lavado de dinero, argumentando que se sustentaba en una transferencia bancaria entre Portugal y China que, según su interpretación, no involucró servidores de una entidad financiera estadounidense.

También sostienen que Marset nunca traficó drogas hacia Estados Unidos y solicitaron excluir referencias a hechos violentos que no estén directamente relacionados con los cargos de narcoterrorismo, así como determinados registros bancarios y testimonios de terceros.

El juez todavía debe resolver las siete nuevas mociones presentadas por ambas partes, por lo que aún no está definido qué pruebas podrán ser utilizadas durante el juicio.

Bolivia aparece en las acusaciones

La documentación estadounidense vuelve a poner el foco sobre Bolivia, al mencionar presuntos pagos a funcionarios y el supuesto acceso de Marset a información confidencial de organismos encargados de combatir el narcotráfico.

El caso también adquiere relevancia por las declaraciones que el uruguayo habría realizado ante agentes de la DEA después de su expulsión a Estados Unidos, cuando mencionó una supuesta relación de amistad con el exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, y habló de pagos para obtener protección y evitar su captura.

Mariaca permanece recluido en una cárcel pública de Potosí, al igual que algunos exfuncionarios del Ministerio Público vinculados a las investigaciones.

Las nuevas solicitudes de los fiscales estadounidenses buscan que las presuntas conexiones políticas, los sobornos y las comunicaciones de Marset sean examinados como parte de la investigación sobre su supuesta red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.