El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al fiscal general de Bolivia entre los funcionarios alcanzados por restricciones de visa y lo señaló por presuntamente favorecer a personas vinculadas con actividades ilícitas.

El Gobierno de Estados Unidos acusó al fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, de haber utilizado su cargo para solicitar y aceptar presuntos sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico y favorecer a personas involucradas en hechos delictivos.

El señalamiento fue difundido este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que anunció la revocación de visas a 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de países de América Latina. Entre los alcanzados por la medida se encuentra Mariaca, además de otros fiscales y jueces bolivianos.

Según el pronunciamiento estadounidense, Mariaca habría abusado de sus funciones públicas al presuntamente recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a personas consideradas criminales violentos a evadir la justicia.

Washington sostuvo que estas acciones, según su acusación, afectarían los esfuerzos de la administración de Donald Trump contra el narcoterrorismo y debilitarían las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante del denominado programa Escudo de las Américas.

La medida forma parte de una política anunciada por el Departamento de Estado para combatir la corrupción y el narcotráfico en la región. De acuerdo con información de Associated Press, además de Mariaca, fueron incluidos más de una veintena de fiscales y jueces bolivianos, con diferentes situaciones respecto a sus visas.

Las acusaciones fueron formuladas por el Gobierno estadounidense y no constituyen por sí mismas una sentencia judicial. Se aguarda conocer la posición de Mariaca y de las autoridades bolivianas sobre los señalamientos realizados por Washington.