La aplicación de mensajería presentó inconvenientes la tarde de este lunes, principalmente en el envío de archivos multimedia y documentos. Usuarios de distintos países reportaron las fallas a través de redes sociales y plataformas de monitoreo.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, respondió este lunes a las declaraciones del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, respecto a las órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, y recordó que la función de la institución policial es cumplir y ejecutar las disposiciones emitidas por la justicia.
A través de un pronunciamiento público, Lara citó el artículo 251 de la Constitución Política del Estado y sostuvo que la Policía no tiene la atribución de valorar procesos judiciales ni pronunciarse sobre la responsabilidad de las personas investigadas.
“La Constitución es clara: la Policía Boliviana obedece y ejecuta. No califica procesos, no opina sobre culpables ni inocentes. Su deber es proteger al pueblo y hacer cumplir la ley”, manifestó la autoridad.
El vicepresidente remarcó que corresponde a jueces y fiscales determinar la consistencia de una investigación y advirtió que emitir opiniones desde la institución policial puede afectar la institucionalidad.
Asimismo, señaló que existen miles de órdenes de aprehensión pendientes de ejecución y pidió que todas sean cumplidas con celeridad, sin excepciones ni privilegios.
Las declaraciones de Lara se producen luego de que el comandante Mirko Sokol afirmara, durante una entrevista, que la captura de Evo Morales no constituye una prioridad para su gestión y que el proceso por trata y tráfico de personas requería una evaluación sobre la solidez de las pruebas antes de ejecutar un operativo.
En la misma línea, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también marcó distancia de la postura del jefe policial y aseguró que la detención del expresidente es una tarea prioritaria para el Gobierno.
Actualmente, Evo Morales enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes. Una corresponde a un proceso por presunta trata y tráfico de personas con agravante y la otra está relacionada con la investigación por los bloqueos registrados entre mayo y junio, en la que es investigado por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra servicios públicos.
Con este nuevo pronunciamiento, se amplía el debate sobre la ejecución de las órdenes judiciales contra el exmandatario y el papel que debe asumir la Policía Boliviana en estos procesos.
