El vicepresidente electo, Edman Lara, generó controversia al anunciar que se posesionará en su cargo utilizando el uniforme de la Policía Nacional. A través de un video difundido en sus redes sociales, Lara aseguró que, “digan lo que digan”, hará uso de la vestimenta como un homenaje a la institución a la que perteneció.
Fuentes oficiales recuerdan que Lara fue dado de baja definitiva de la Policía Nacional, sin derecho a reincorporación, mediante resolución del Tribunal Disciplinario Superior, ejecutada conforme al artículo 93 de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía. La medida se formalizó tras la resolución del Tribunal Departamental de Santa Cruz del 11 de enero de 2024.
A pesar de su condición de exmiembro de la institución, el Comando General de la Policía autorizó el uso del uniforme únicamente para el acto protocolar de juramento presidencial, decisión que ha generado debate sobre la pertinencia y legalidad de su utilización.
Especialistas y exfuncionarios policiales señalan que, aunque Lara no incurre en delito al portar el uniforme en un acto ceremonial, como ciudadano civil ya no tiene autoridad ni condición de policía activa, por lo que su uso podría considerarse inapropiado en respeto a la institución.
Lara defendió su decisión, argumentando que se trata de un acto simbólico de homenaje a la Policía Boliviana y no de un intento de ejercer funciones policiales. Además, criticó a ciertos altos mandos de la institución, responsabilizándolos por supuestos actos de corrupción.
Este episodio evidencia los límites entre la libertad individual, el respeto a las instituciones y el protocolo oficial en actos de investidura presidencial.
