El presidente Rodrigo Paz Pereira, oficializó la promulgación del Decreto Supremo 5516. Esta normativa, que consta de 32 artículos, establece un ambicioso paquete de medidas que ratifica la nueva política de precios de los carburantes, al tiempo que fortalece la red de protección social mediante el incremento de transferencias directas, el alza del salario mínimo nacional y un esquema de alivio financiero orientado a la vivienda social y el sector productivo.

El Decreto Supremo 5516 abroga dos pilares del anterior paquete económico (los decretos 5503 y 5484), consolidando un giro hacia una estrategia de estabilización que prioriza el componente social. Este nuevo marco normativo es el resultado de intensas mesas de diálogo instaladas bajo la presión de bloqueos y movilizaciones; el consenso definitivo se alcanzó con la Central Obrera Boliviana (COB) tras una negociación maratónica que concluyó a las tres de la madrugada de este martes.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el resto de las disposiciones anunciadas en diciembre serán remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El objetivo del Ejecutivo es transformar estas medidas en leyes sólidas, fundamentadas en el consenso con las diversas fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

La nueva normativa establece los precios finales al consumidor para los carburantes líquidos, aunque preserva la subvención para el Gas Licuado de Petróleo (GLP). Bajo este esquema, el costo de la gasolina especial se fija en Bs 6,96 por litro, mientras que el diésel se sitúa en Bs 9,80. Por su parte, la gasolina premium experimenta un ajuste que eleva su precio hasta los Bs 11.

El Gobierno fundamentó el ajuste en la urgencia de corregir distorsiones estructurales en el mercado interno y neutralizar el contrabando, fenómeno que drena hasta el 40% de la oferta nacional. Asimismo, la medida responde al cumplimiento de un fallo vinculante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), que observó la ilegalidad de mantener precios diferenciados. Para garantizar la estabilidad a largo plazo, la norma introduce una metodología de actualización de costos basada en criterios de sostenibilidad fiscal y eficiencia.

Como parte de la estrategia de transición energética, el Gobierno ratificó la estabilidad en el precio del Gas Natural Vehicular (GNV), manteniéndolo en Bs 2,73 por metro cúbico. La normativa se acompaña de incentivos directos para la conversión de motores y la reposición gratuita de cilindros, buscando masificar el uso de este combustible soberano frente a los líquidos importados.