La iniciativa establece que el Gobierno nacional asuma, desde la gestión 2026, el financiamiento de los prediarios del régimen penitenciario y del bono de vacunación. El proyecto ahora pasa al Senado para su revisión.
La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle un proyecto de ley que modifica la responsabilidad sobre el financiamiento de los prediarios destinados a personas privadas de libertad y del bono de vacunación, obligaciones que hasta ahora también representaban una carga económica para las gobernaciones.
La propuesta fue aprobada durante la sesión del jueves y, al haber sido tratada en Diputados como cámara de origen, será remitida a la Cámara de Senadores para su correspondiente revisión constitucional.
De acuerdo con la información oficial de Diputados, el proyecto establece que el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Gobierno, deberá asumir el financiamiento de los prediarios y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional.
La norma también dispone que el Ministerio de Salud y Deportes se haga cargo del financiamiento del bono de vacunación, en el marco de sus competencias y de la legislación vigente.
Sin embargo, la propuesta establece una precisión respecto a las obligaciones acumuladas antes de 2026. Los compromisos económicos generados hasta la gestión 2025 por estos conceptos continuarán bajo responsabilidad de los gobiernos autónomos departamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, confirmó que el proyecto fue aprobado en sus dos estaciones y anunció su remisión al Senado para continuar con el trámite legislativo.
Gobernación cruceña destaca el impacto económico
Tras la aprobación, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, valoró la decisión de los diputados y sostuvo que la medida responde a una demanda planteada por las gobernaciones.
Velasco señaló que el pago de los prediarios y del bono de vacunación representa para la Gobernación de Santa Cruz una carga superior a los Bs 60 millones.
El gobernador sostuvo que las entidades departamentales pueden asumir nuevas competencias y responsabilidades, pero consideró necesario que estas estén acompañadas por los recursos económicos correspondientes.
Desde Pando, la gobernadora Gabriela De Paiva Padilla también expresó su respaldo al proyecto y afirmó que los recursos que actualmente destinan las gobernaciones a estas obligaciones podrían ser utilizados para atender otras necesidades de sus departamentos.
La propuesta todavía debe ser considerada por la Cámara de Senadores. Su eventual aplicación dependerá de la conclusión del trámite legislativo y de la promulgación de la norma.