La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, acusó este martes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de operar un presunto “cartel de la gasolina basura”, vinculando irregularidades en la importación de combustibles con conflictos de interés relacionados con el lobby del litio y empresas privadas.

Las declaraciones de la legisladora se producen en paralelo con la emisión de un mandamiento de aprehensión contra Jorge Alberto Roca Kauffmann, actual director de YPFB, ordenado por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Nº 20 de Santa Cruz. La medida judicial, dictada el 30 de enero de 2026, responde a su declaración de rebeldía en un proceso penal por estafa, tipificado en el artículo 335 del Código Penal.

Patiño cuestionó que Roca Kauffmann, exgerente de litio en Lithium-One Bolivia, filial de la empresa rusa Uranium-One, ahora ocupe la dirección de YPFB mientras mantiene supuestos vínculos empresariales con Corporación PMSRL, empresa privada encargada del transporte de combustibles. “¿Cómo puede ser dueño de las cisternas y al mismo tiempo director de la estatal?”, se preguntó la legisladora, apuntando a un posible conflicto de intereses que, según ella, habría perjudicado la operación de YPFB y la calidad del combustible distribuido en el país.

Asimismo, Patiño señaló la contratación de la empresa Camin Cargo Control Argentina, a la que YPFB pagó 8,8 millones de bolivianos para la supervisión y control de calidad de los combustibles importados. La diputada afirmó que esta compañía no detectó irregularidades en la gasolina y agregó que la hija de Roca Kauffmann forma parte del directorio de la empresa, constituyendo, en su opinión, un “triángulo de corrupción” que involucra a YPFB, empresas privadas y familiares del directivo.

La parlamentaria pidió a las autoridades del sector energético y al Ministerio de Hidrocarburos que investiguen estas denuncias de manera inmediata y garanticen la transparencia en la gestión de la petrolera estatal, advirtiendo que la permanencia de estas prácticas podría afectar tanto la credibilidad de YPFB como la seguridad y calidad de los combustibles que se distribuyen en el país.