El Gobierno informó que no es posible cumplir con la restitución de matrículas de los cuatro aviones alquilados de Amaszonas debido a razones técnicas y a que esa empresa ya no cuenta con un contrato vigente con el arrendador. La aerolínea sostiene que solo una corte internacional puede definir si el acuerdo contractual terminó, mientras espera la audiencia del 15 de agosto para definir el futuro de sus operaciones.

Según información de la DGAC, el 23 de junio pasado, la compañía irlandesa GY Aviation Lease 1816 Co. Limited comunicó formalmente al Gobierno boliviano que rescindió el contrato con Amaszonas por el arrendamiento de cuatro aeronaves, debido a que la línea aérea incumplió el pago de una deuda acumulada de $us 17 millones, monto que la empresa boliviana indica que es menor, de unos $us 11 millones. Esta comunicación fue acompañada de una exigencia de desmatriculación de los cuatro aviones, es decir, de toda la flotilla de Amaszonas.

El 1 de agosto, a DGAC notificó a la aerolínea privada que tenía cinco días a partir de esa fecha para que pueda tomar “los recaudos pertinentes” que le permitan dar continuidad a su servicio de transporte aéreo de pasajeros, luego de lo cual no podría operar con ninguna de las aeronaves CP-3135, CP-3142, CP-3145 y CP-3171, de propiedad de GY Aviation Lease.

“Ya existe la ruptura del contrato lo cual invoca que la matrícula asignada deba ser suprimida”, subrayó el director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Iván García.

Hay una regulación administrativa que dice que cuando ocurre una de estas situaciones se tiene que cancelar las matrículas. Me imagino que esa cancelación debe tener como respaldo la rescisión de los contratos, no pueden cancelarlas a simple petición de los interesados”, afirmó Jorge Valle, abogado especialista en derecho aeronáutico.

El 8 de agosto, se suspendieron los vuelos de Amaszonas con esos cuatro aviones, por lo que la empresa presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional Tercera de La Paz, instancia que, dispuso la suspensión temporal de las medidas estatales ejecutadas contra Amaszonas hasta que se dirima el requerimiento de garantías constitucionales, proceso que se iniciará con una primera audiencia el 15 de agosto.

García arguyó dificultades técnicas para dar cumplimiento a la decisión de la Sala Constitucional.

La concesión o reposición temporal de las matrículas requiere del cumplimiento de requisitos, como el informe de elegibilidad y el certificado de aeronavegabilidad, así como la verificación de otros datos técnicos y operativos. “Todos ellos están basados principalmente en la existencia de un contrato de arrendamiento”, en este caso con GY Aviation Lease. Al haber sido rescindido unilateralmente, “ese contrato ya no existe”, dijo el director de la DGAC.

“En muchos de estos convenios se indica que, si uno incumple alguna de las cláusulas, el otro puede libremente rescindir el contrato, sin mayores trámites. Si hay rescisión de contrato, ya no hay contrato y no hay cláusula posible de aplicar. Cuando hay diferencias puede aplicarse la cláusula de arbitraje (con un contrato vigente), pero ahí la empresa interesada, Amas, es la que tendría que haber gestionado esas diferencias en su momento s, si las había”, consideró Valle.

Al respecto, el gerente general de Amaszonas, Dardo Gómez, subrayó que un tribunal internacional definirá “cuánto se debe y si ese contrato se acaba”. “Es lo que se acordó en 2019”, indicó.

Gómez informó también que recibió ayer una carta de la DGAC notificándole que “no se va a hacer caso” a lo dispuesto por la Sala Constitucional”, aunque “sí aceptarán lo que disponga” posteriormente esa instancia judicial.

Otro obstáculo técnico para la reposición de matrículas es la falta de una póliza de seguros para pasajeros y tripulación, dijo el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño. “Eso imposibilita el cumplimiento de este amparo constitucional, no vamos a arriesgar la vida de ningún boliviano por la decisión de un juez”, indicó a DTV.

EL DEBER