Después de dos décadas, la Comisión Agraria Departamental (CAD) volvió a instalarse en Santa Cruz, en un acto considerado histórico por el gobernador Luis Fernando Camacho, quien presidió la sesión realizada en el Centro de Educación Ambiental (CEA).
Camacho destacó la predisposición de la nueva directora del INRA-Santa Cruz, Mónica Justiniano, quien asumió el cargo apenas dos horas antes de la reunión. La instalación de la sesión fue respaldada legalmente por el secretario de Justicia de la Gobernación, José Luis Terrazas, tras constatar que 10 de las 12 instituciones miembros contaban con documentación válida, asegurando el quórum necesario.
“Son 20 años que esta institución ha sido manoseada y politizada por el masismo. Hoy hay voluntad real de defender la tierra de los productores y dueños originarios”, afirmó Camacho, resaltando la importancia de proteger TCOs, parques naturales y tierras productivas frente al avasallamiento.
Durante el encuentro, se acordó elaborar una nueva reglamentación a la Ley INRA, depurando instituciones impuestas durante gestiones pasadas, como las Bartolinas Sisa, e incorporando organismos productivos y agropecuarios. Los representantes de sectores ganaderos, forestales, campesinos e indígenas reconocieron la gestión de Camacho y Justiniano, valorando la reinstalación de la CAD y la presencia directa del gobernador en operativos de desalojo junto a la Policía.
El acto contó con la participación de instituciones clave de Santa Cruz, como el Comité Cívico pro Santa Cruz, la UAGRM y cívicos provinciales, quienes manifestaron su apoyo técnico y profesional para auditar el INRA departamental y reforzar la protección de tierras productivas.
Entre los acuerdos, se estableció dar seguimiento a los predios avasallados, continuar los operativos de desalojo y realizar la auditoría al INRA, garantizando la depuración de organismos cuestionados y la incorporación de nuevos entes productivos. Camacho adelantó que desde este martes se retomarán inspecciones y desalojos estratégicos, coordinados con la Policía departamental.
La histórica reunión marca un punto de inflexión en la defensa de la tierra en Santa Cruz, con el compromiso de transparentar la gestión del INRA y proteger los derechos de los productores y pueblos originarios, tras años de irregularidades y conflictos por el avasallamiento de propiedades.