La denuncia presentada por la jefa de Gabinete del presidente Rodrigo Paz, Gilda Céspedes Quevedo, contra el periodista Junior Arias por presunta violencia y acoso político provocó el pronunciamiento de representantes del gremio periodístico y de autoridades políticas, quienes cuestionaron la acción judicial y advirtieron sobre un posible atentado contra la libertad de prensa.
La denuncia fue presentada el pasado 3 de julio ante la Fiscalía de La Paz, después de que el periodista difundiera una investigación relacionada con el ascenso al grado de general de Brigada Aérea de Julio Jorge Céspedes Quevedo, hermano de la funcionaria, un caso que abrió cuestionamientos sobre el proceso de promoción dentro de las Fuerzas Armadas.
El presidente de la Asociación Departamental de Periodistas de Santa Cruz, Marco Curi, sostuvo que el periodista está protegido por la Ley de Imprenta y recordó que cualquier controversia derivada de publicaciones periodísticas debe ser tratada por un tribunal de imprenta y no por la justicia ordinaria.
«Directamente a un tribunal ordinario ya es una exageración. Ya se está atentando contra la libertad de prensa y la libertad de expresión», afirmó.
Curi también cuestionó que la respuesta del Gobierno haya sido acudir a la vía judicial en lugar de explicar el procedimiento mediante el cual se produjo el ascenso del militar.
A estas observaciones se sumó la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, quien manifestó que los medios de comunicación cumplen una función esencial para mantener informada a la ciudadanía y advirtió que intentar silenciar investigaciones periodísticas constituye un mal precedente para la democracia.
«No creo que sea un buen antecedente el pretender poner bozales a la prensa», sostuvo la autoridad.
Por su parte, el jefe de bancada de Libre, Rafael López, rechazó la denuncia contra el periodista y anunció que solicitará informes al Ministerio de Defensa para conocer cómo se realizó el ascenso del hermano de la jefa de Gabinete presidencial.
El legislador afirmó que el trabajo de la prensa ha permitido revelar diversos casos de interés público y sostuvo que, si se comprueban irregularidades en el proceso de ascenso, impulsarán acciones de fiscalización y responsabilidades contra los involucrados.
Los pronunciamientos surgieron luego de que la denuncia presentada por la funcionaria presidencial generara preocupación en distintos sectores, que consideran que el caso abre un nuevo debate sobre el respeto a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo de investigación en el país.
FUENTE: DTV