La Justicia boliviana dispuso la libertad pura y simple del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, luego de que el Ministerio Público determinara no imputarlo por el presunto delito de obstrucción a la función policial. La decisión dejó sin efecto su aprehensión ejecutada en el aeropuerto internacional de Viru Viru y abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra el accionar policial y fiscal.

La resolución fue asumida inicialmente por la jueza de Instrucción Penal de Warnes, Rosario del Carmen Egües, quien emitió los mandamientos de libertad pasadas las 17:30, tras la determinación del fiscal Luis Alba de no presentar imputación formal ni contra Del Castillo ni contra su cuñado Abad A., también aprehendido durante el operativo.

De forma paralela, un juez constitucional, Carlos Alberto Moreira, concedió una acción de libertad interpuesta por la defensa del exministro, ordenando su liberación inmediata y el cese de cualquier persecución policial contra él y su familia, al advertir vulneraciones de derechos durante la intervención en el aeropuerto cruceño.

“¿Quién se fuga por un aeropuerto internacional con su familia?”

Al salir del Palacio de Justicia de Santa Cruz, Del Castillo realizó una defensa pública de su actuación y cuestionó el argumento de un supuesto intento de fuga.

“¿Quién va a fugar del país por un aeropuerto internacional, con toda su familia y con menores de edad?”, afirmó, al insistir en que su viaje tenía un fin estrictamente médico: trasladar a su hija menor, diagnosticada con autismo, a una evaluación neurológica en Santiago de Chile.

El exministro explicó que intentará reprogramar las citas médicas y verificar si aún puede utilizar su pasaje de retorno previsto para el 12 de enero. “Mi pasaje fue comprado hace más de 40 días”, precisó.

“No me he ido del país, no me voy a ir”, reiteró, y sostuvo que, de haber querido eludir a la justicia, lo habría hecho “hace meses y por vía terrestre”.

Denuncia de abuso policial y posible daño económico al Estado

Del Castillo denunció abuso policial durante el operativo en Viru Viru y aseguró que, pese a no existir ninguna restricción legal para su salida del país, se paralizaron controles migratorios y vuelos internacionales, lo que —según dijo— habría generado daño económico al Estado.

Afirmó que un capitán policial reconoció haber instruido la paralización de vuelos y anunció acciones legales para obtener copias legalizadas de las actas y resoluciones correspondientes.

Asimismo, denunció que su hija menor sufrió una crisis emocional y un golpe durante el procedimiento. “Mi hija fue golpeada por un funcionario policial. Vamos a acudir incluso a instancias internacionales para restituir los derechos vulnerados”, sostuvo, asegurando que el hecho cuenta con respaldo audiovisual.

Fallo constitucional y advertencia de responsabilidades

En su resolución, el juez constitucional Moreira concluyó que no se respetaron los protocolos policiales y que, ante la inexistencia de una imputación fiscal, correspondía la liberación inmediata del exministro. El fallo también ordenó garantizar la libre circulación de Del Castillo, sus hijas menores y su familia, así como el acceso a la atención médica en Chile.

La autoridad judicial advirtió además que podrían establecerse responsabilidades penales y civiles contra los funcionarios involucrados en el operativo.

Un escenario judicial abierto

Aunque Del Castillo recuperó su libertad en cuestión de horas, el caso derivó en un escenario judicial más amplio. Diversos actores políticos y civiles anunciaron o activaron nuevas denuncias relacionadas con su gestión como ministro de Gobierno (2020–2025), especialmente por operativos de alto impacto político.

Entre ellas figuran acciones impulsadas por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, familiares de Marco Aramayo, activistas y exdirigentes cívicos, quienes atribuyen al exministro responsabilidad política en presuntos abusos y procesos judiciales.

Del Castillo, abogado y militante del MAS, fue una de las figuras más visibles y polémicas del gobierno de Luis Arce. Para sus críticos, simboliza la judicialización de la política; para su partido, representó la firmeza del Estado tras la crisis de 2019. Esa polarización marcó su gestión y también su fallido intento electoral en 2025, cuando obtuvo el 3,17 % de los votos.

“Hemos alcanzado justicia, pero esto no va a quedar aquí”, advirtió el exministro. “Vamos a presentarnos las veces que sea necesario para demostrar que no hemos cometido ningún delito y que en Bolivia nadie puede ser privado de libertad de esta manera”.