El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, junto a organizaciones de la sociedad civil, realizó la entrega oficial de la propuesta de Reglamento de la Ley N° 1680 a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, consolidando más de seis años de trabajo técnico e incidencia normativa en favor de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

La Ley N° 1680, promulgada en noviembre de 2025, establece un marco específico de protección y reparación integral para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo asumió un rol articulador mediante mesas técnicas desarrolladas en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, organizaciones sociales y especialistas en niñez y adolescencia.

La propuesta reglamentaria busca adecuarse a la Constitución Política del Estado, a la Ley N° 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) y a estándares internacionales de derechos humanos. Entre sus principales lineamientos, establece que la guarda y tutela prioricen a la familia ampliada o sustituta idónea, evitando la institucionalización como primera medida y disponiéndola únicamente de manera excepcional, subsidiaria y temporal.

Asimismo, fortalece el rol de juezas y jueces en materia de niñez y adolescencia, quienes deberán revisar periódicamente las medidas de protección, garantizar el derecho a ser escuchado conforme al principio de autonomía progresiva y evitar la separación de hermanas y hermanos, salvo en casos de riesgo grave debidamente fundamentado.

El documento también dispone que el Estado asigne recursos suficientes, sostenibles y oportunos para garantizar la continuidad del bono económico mensual y del paquete alimentario, en cumplimiento del principio de prioridad absoluta consagrado en la Constitución.

Entre otras medidas, se propone la conformación de Equipos Multidisciplinarios Departamentales —fijos y móviles— integrados por profesionales en psicología y trabajo social, encargados del acompañamiento psicosocial, seguimiento domiciliario y elaboración de informes técnicos especializados.

El reglamento define además mecanismos concretos para la implementación del bono y del paquete alimentario, asegurando que los recursos se destinen exclusivamente a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación, vestimenta y desarrollo integral. Se prevé la creación de cuentas de ahorro conjuntas para proteger el patrimonio futuro de las niñas, niños y adolescentes, así como un módulo específico dentro del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA) para el registro y seguimiento individualizado de los casos.

Desde 2019, la Defensoría del Pueblo impulsó un proceso sostenido de construcción normativa que incluyó la presentación del anteproyecto de ley a nivel nacional y la elaboración de protocolos de atención especializada en el ámbito municipal. Como resultado, se logró la aprobación de 42 leyes municipales y nueve reglamentos en distintos gobiernos autónomos del país.

La institución defensorial remarcó que la propuesta reglamentaria no constituye únicamente un instrumento técnico, sino una respuesta ética y jurídica frente a una de las consecuencias más graves del feminicidio: la situación de orfandad y vulnerabilidad en la que quedan niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas de esta forma extrema de violencia.