La institución defensorial exhortó a la Asamblea Legislativa a activar cuanto antes el proceso de selección y designación de la máxima autoridad del Ministerio Público y pidió garantizar la continuidad de sus funciones.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado y llamó a preservar el normal funcionamiento del Ministerio Público, en resguardo de la legalidad y de los derechos de la población.

A través de un pronunciamiento, la institución recordó que, conforme al artículo 225 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público tiene entre sus principales atribuciones defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, además de ejercer la acción penal pública bajo principios como legalidad, objetividad, autonomía, responsabilidad, unidad y jerarquía.

En ese contexto, la Defensoría exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar, en el menor tiempo posible, al proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.

La institución señaló que el procedimiento debe ajustarse al artículo 227 de la Constitución, que establece una convocatoria pública, la evaluación de capacidades profesionales y méritos mediante concurso público y la designación por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.

Según la Defensoría, la definición de una autoridad titular permitirá fortalecer la continuidad de las funciones del Ministerio Público, aportar a la seguridad jurídica y generar mayor certidumbre para las personas que recurren a las instituciones de justicia para la protección de sus derechos.

La entidad también anunció que realizará seguimiento al cumplimiento de este proceso y pidió a las instancias competentes actuar con celeridad, transparencia y responsabilidad.

El pronunciamiento se produce en medio de la crisis institucional que atraviesa la Fiscalía General del Estado, tras la suspensión de Róger Mariaca y la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino.