La representación legal del empresario argentino cuestiona las filtraciones de la investigación, sostiene que sus bienes tienen origen lícito y exige acceso al cuaderno de investigaciones antes de la audiencia cautelar.
Los abogados de Fernando Cerimedo llegaron este viernes a La Paz para asumir formalmente su defensa dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En conferencia de prensa, anunciaron que solicitarán la reserva de las actuaciones y que evalúan acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una presunta vulneración de garantías.
El abogado Ernesto Giraldes cuestionó que parte de la documentación de la investigación sea conocida públicamente antes de que la defensa tenga acceso completo al expediente. A su criterio, esta situación genera juicios anticipados y puede afectar la presunción de inocencia y el derecho de Cerimedo a una defensa objetiva.
La defensa sostuvo además que los bienes y recursos económicos de su cliente tienen procedencia lícita. Giraldes afirmó que Cerimedo ingresó a Bolivia con 200.000 dólares provenientes de Argentina, monto que, según explicó, será respaldado documentalmente ante las autoridades correspondientes.
Otro de los pedidos de los abogados es acceder al cuaderno de investigaciones y a la documentación relacionada con los allanamientos realizados dentro del proceso. También esperan que se establezca la fecha para la audiencia cautelar solicitada por el Ministerio Público.
Los juristas señalaron que documentarán cualquier actuación que, desde su perspectiva, vulnere el debido proceso o la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, aclararon que no pretenden cuestionar de manera general el trabajo de la administración de justicia.
Cerimedo permanece recluido preventivamente en el penal de Palmasola dentro de una investigación diferente, relacionada con el ataque armado contra Nadia Beller. Además, enfrenta otros procesos en Bolivia.
Con la llegada de su equipo jurídico a La Paz, la defensa busca asumir un rol activo en la investigación económica y preparar sus argumentos antes de la definición de las próximas medidas judiciales.
