La denuncia apunta a un supuesto cobro de $us 15.000 para devolver una vagoneta retenida y evitar un proceso. El Comando del Norte Integrado activó una investigación interna y remitió el caso al Ministerio Público.
Una denuncia por presunta extorsión puso bajo investigación a cuatro efectivos policiales en el municipio de Montero, luego de que un conductor acusara a uniformados de haberle exigido $us 15.000 a cambio de devolverle una vagoneta retenida y no iniciar acciones legales en su contra.
El caso involucra a personal de Radiopatrulla 110, cuyos integrantes fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Los policías investigados son el capitán Rubén Ch. F., el sargento primero Sandro Ch. H., el sargento mayor Rómulo M. S. y el sargento segundo Franklin C. Ch.
Según el comandante del Norte Integrado de la Policía, coronel Marco Antonio Enríquez, la investigación se activó luego de una llamada de alerta recibida durante la madrugada del viernes, en la que se reportaron presuntas irregularidades en el procedimiento realizado tras la retención de un vehículo.
El motorizado había sido trasladado desde la zona de Guabirá hasta dependencias policiales y, según el reporte, transportaba bidones con una sustancia que posteriormente fue identificada como acetato, un precursor químico sujeto a control.
Enríquez explicó que, al verificar la situación, se evidenció que el vehículo se encontraba en el frontis del comando y que el procedimiento no había sido comunicado a los mandos superiores.
“Este hecho no fue reportado ni por el jefe de seguridad ni por los patrulleros. A partir de la denuncia se activó todo el protocolo de investigación”, señaló la autoridad policial.
La denuncia del conductor establece que los efectivos presuntamente habrían solicitado dinero para liberar el vehículo y evitar una denuncia formal por el traslado de la sustancia. No obstante, el comandante regional remarcó que serán las investigaciones las que determinen si existió la comisión de un delito.
Además, Enríquez rechazó versiones que lo vinculaban con el caso y afirmó que su intervención fue para garantizar que se cumplan los procedimientos investigativos.
La Policía aseguró que no existirá protección para ningún funcionario involucrado en hechos irregulares y que, de comprobarse responsabilidades, los efectivos deberán responder ante las instancias administrativas, policiales y judiciales correspondientes.
El proceso continúa bajo investigación con la participación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Fiscalía Policial, la DIP, la Inspectoría General y el Ministerio Público.