El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, advirtió que desde este lunes se aplicarán sanciones administrativas y económicas a los transportistas que no retomen el servicio público ni acaten la tarifa transitoria de Bs 3. La medida cobra mayor relevancia tomando en cuenta que ya son cuatro días sin el servicio de micros, situación que perjudica gravemente a la población en su desplazamiento diario.

La autoridad municipal informó que, tras intensas reuniones que se prolongaron hasta la 01:30 de la madrugada, se logró un acuerdo con los operadores de trufis y minibuses, quienes firmaron el compromiso y emitieron instructivas para salir a operar. El municipio verificó que estas unidades ya comenzaron a circular con el objetivo de restablecer el servicio en la ciudad.

No obstante, Fernández lamentó que cuatro sindicatos del transporte continúen “analizando” la propuesta sin brindar una respuesta concreta. “No puedo esperar más. Tres días no han prestado servicio y eso es un daño directo a los ciudadanos”, afirmó, al anunciar el inicio inmediato de sanciones conforme al reglamento municipal y al decreto edil vigente.

El alcalde detalló que la primera sanción será económica, con multas que oscilan entre Bs 3.000 y Bs 7.000 por cada operador, y no por sindicato ni por línea. Asimismo, otorgó un plazo final de 24 horas para que los sindicatos que aún no acatan la disposición retomen el servicio; caso contrario, se procederá al retiro del derecho de ruta y de las licencias de operación.

Fernández también adelantó que el municipio trabaja técnicamente en la posibilidad de decretar transporte libre y habilitar las rutas para otros operadores dispuestos a trabajar con la tarifa de Bs 3. “Si no quieren operar, buscaremos otras alternativas. Aquí hay autoridad y vamos a hacer cumplir la ley”, sostuvo.

La autoridad recordó que el estudio técnico municipal establece una tarifa promedio cercana a los Bs 3 y que cualquier incremento debe ser debidamente sustentado. Además, cuestionó que el sector no haya cumplido compromisos asumidos anteriormente, como la mejora del parque automotor y la conversión de vehículos de diésel a gas, acuerdos firmados cuando el pasaje subió a Bs 2,30.

Finalmente, Fernández aseguró que el Concejo Municipal se encuentra analizando el estudio tarifario y que en las próximas horas se tomará una decisión. “No vamos a permitir más abusos contra el pueblo. El que preste servicio sin autorización se someterá a sanciones civiles y penales”, concluyó.