La contralora general del Estado, Sandra Quiroga, confirmó que la institución activó procesos de fiscalización sobre la gestión del expresidente Luis Arce, en un contexto marcado por el debate legislativo que busca ampliar el plazo de arraigo de exautoridades a seis meses tras la conclusión de su mandato.

La autoridad explicó que la Contraloría revisa actualmente documentación administrativa, informes de actividades y rendiciones de cuentas, con el objetivo de verificar que los recursos públicos hayan sido utilizados conforme a la normativa vigente. En ese marco, consideró que la ampliación del tiempo de permanencia obligatoria en el país facilitará el trabajo técnico de control.

Quiroga remarcó que el rol de la institución es preventivo y correctivo, y que, de encontrarse observaciones relevantes, se activarán los procedimientos de responsabilidad por la función pública establecidos por ley. Aclaró que estas acciones no están dirigidas contra personas específicas, sino orientadas a fortalecer la transparencia en la gestión estatal.

El exmandatario Luis Arce se encuentra actualmente con detención preventiva por el caso del Fondo Indígena, un proceso judicial iniciado en 2009, que continúa bajo investigación.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 192, que extiende de tres a seis meses el plazo de arraigo para exautoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. En el caso de la administración de Arce, el periodo vigente concluye este sábado 7 de febrero, considerando que el presidente Rodrigo Paz asumió funciones el 8 de noviembre.

La contralora enfatizó que la Contraloría actúa con independencia, objetividad y respeto a los derechos fundamentales, y rechazó que los procesos de control deban interpretarse como persecución política. “Nuestro propósito es contribuir a una administración pública más eficiente y responsable”, señaló.

Finalmente, Quiroga indicó que la institución continuará con las fiscalizaciones en curso independientemente del avance de la norma en la Asamblea, y afirmó que los resultados estarán disponibles para la ciudadanía, en línea con los principios de transparencia y acceso a la información.