El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana declaró prioritaria la lucha contra el sicariato, el narcotráfico y la violencia armada. La propuesta contempla la participación de policías y militares y refuerza el control en municipios fronterizos con Brasil.
El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz determinó este miércoles reforzar las acciones contra el sicariato y el crimen organizado mediante una serie de medidas que incluyen la creación de un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado, con base principal en San Ignacio de Velasco.
La decisión fue adoptada durante la reunión encabezada por el gobernador Juan Pablo Velasco, en medio de la preocupación generada por los recientes hechos violentos registrados en municipios de la zona fronteriza del departamento.
Entre las determinaciones se establece que el comando opere inicialmente durante seis meses, con la posibilidad de ampliar su funcionamiento por otros 12 meses. La propuesta contempla la participación coordinada de efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
El Consejo también planteó concentrar los esfuerzos de seguridad en la frontera con Brasil y en municipios identificados como zonas de alta incidencia delictiva, entre ellos San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro.
Refuerzo de inteligencia y logística
Otra de las medidas apunta a fortalecer las labores de inteligencia y contrainteligencia para identificar estructuras vinculadas al crimen organizado, además de establecer mecanismos para reforzar la capacidad operativa de la Policía.
La resolución contempla priorizar la dotación de equipamiento y logística, así como garantizar recursos para el desarrollo de operativos conjuntos, incluyendo combustible, alimentación y otros requerimientos operativos.
También se planteó gestionar el uso temporal de inmuebles y vehículos incautados al narcotráfico para destinarlos a tareas de seguridad, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Medidas para reforzar la identificación
Entre las propuestas también figura gestionar ante el Ministerio Público la entrega de armas decomisadas o bajo custodia judicial a instituciones de seguridad, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.
Asimismo, se planteó impulsar normas municipales para establecer el uso obligatorio de chalecos reflectivos con la placa visible para conductores y acompañantes de motocicletas, como mecanismo de identificación y prevención.
Las determinaciones serán remitidas a los ministerios de Gobierno y Defensa, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y otras instituciones involucradas para su coordinación y cumplimiento dentro de sus respectivas competencias.
La reunión se desarrolló luego de los recientes asesinatos registrados en San Ignacio de Velasco, municipio donde ya fueron desplegados efectivos militares especializados en coordinación con la Policía.