En una medida orientada a fortalecer la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales en el sistema judicial, el Consejo de la Magistratura instruyó a todos los jueces de ejecución penal del país realizar una revisión detallada de las sentencias ejecutoriadas en materia penal.
La disposición responde a hallazgos detectados durante visitas a centros penitenciarios, donde se identificaron casos que podrían requerir una revisión extraordinaria de sentencia. Esta figura está prevista en el artículo 421 del Código de Procedimiento Penal y se activa únicamente cuando existen elementos graves y fundamentados, tales como:
- Vulneración de derechos fundamentales del procesado,
- Desproporcionalidad en la pena impuesta,
- Aparición de nuevas pruebas,
- Irregularidades procesales o errores en la valoración de la prueba.
Los jueces deberán elaborar informes precisos sobre los casos que ameriten revisión, sin importar el tipo de delito o la condición de la persona sentenciada. La instrucción se fundamenta en el principio de no discriminación y busca garantizar un acceso efectivo a la justicia y a una defensa adecuada, especialmente en situaciones donde esto no se haya cumplido durante el proceso judicial.
El Consejo enfatizó que la medida tiene un carácter estructural, no excepcional, y está dirigida a fortalecer la coherencia judicial, la legalidad de las sentencias y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas privadas de libertad.
