El directorio cívico se reúne con representantes de sectores, provincias y ciudadelas. El abastecimiento de diésel y el rechazo al Decreto Supremo 5676 están entre los principales temas de análisis.

El Comité pro Santa Cruz reúne este lunes a su directorio para revisar la respuesta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a los compromisos asumidos semanas atrás y definir las acciones que seguirá la región frente a la crisis de abastecimiento de diésel.

El encuentro comenzó a las 09:00 y reúne a representantes de los 24 sectores afiliados a la institución cívica, además de dirigentes de las provincias y ciudadelas. También fueron invitados el presidente de YPFB y un representante del Gobierno central.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, explicó que la reunión fue programada con anticipación y forma parte del seguimiento acordado en el anterior encuentro con la estatal petrolera.

YPFB deberá explicar avances

La primera parte de la reunión está destinada a la exposición del informe de YPFB sobre los compromisos asumidos ante la dirigencia cívica. Posteriormente, los equipos técnicos del Comité analizarán los datos proporcionados para establecer si los avances anunciados se reflejan en la situación real del abastecimiento.

Entre los aspectos que serán revisados está la diferencia entre los volúmenes de diésel programados y los efectivamente distribuidos. De acuerdo con la información presentada anteriormente, se habría detectado un desfase cercano a 530.000 litros, equivalente aproximadamente al 21% de lo previsto.

La dirigencia cívica también mantiene entre sus planteamientos la apertura de mayores facilidades para que empresas privadas puedan participar en la importación y comercialización de combustibles.

A esto se suma el pedido de revisar los costos tributarios y otros requisitos que, según el Comité, terminan incrementando el precio final del carburante.

Cochamanidis volvió a cuestionar además el funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la que responsabilizó de generar trabas burocráticas en el proceso de distribución.

Agro pide convocar a la Asamblea de la Cruceñidad

Tras la presentación de YPFB, el directorio analizará la solicitud del sector agropecuario para convocar a una Asamblea de la Cruceñidad.

El pedido surge en medio de la preocupación de los productores por las dificultades para acceder al diésel y el rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio de referencia de Bs 18 por litro para grandes consumidores, clientes directos y usuarios que adquieren elevados volúmenes de combustible.

El presidente cívico señaló que la solicitud debe seguir los procedimientos establecidos dentro de la institución antes de definir una eventual convocatoria.

La posición del Comité es contraria a la aplicación de la medida para el sector productivo. Cochamanidis advirtió que el incremento del costo del combustible puede terminar repercutiendo en los precios de los productos y afectar a la población.

Plantean reducir la dependencia de combustibles importados

Durante el análisis de la crisis energética, el Comité también plantea buscar alternativas para disminuir la dependencia de las importaciones.

Entre las propuestas mencionadas está aprovechar la infraestructura existente para el traslado de crudo mediante oleoductos y poliductos, además de impulsar la recuperación de pozos petroleros ubicados en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.

Para la dirigencia cívica, el país debe avanzar hacia un mayor aprovechamiento de su capacidad instalada y reducir gradualmente la necesidad de comprar combustibles en el exterior.

Cochamanidis sostuvo que la solución a la crisis requiere la participación del Gobierno central y de los legisladores, al considerar que el problema del diésel dejó de ser exclusivamente regional y tiene impacto en distintos sectores de la economía nacional.

Las conclusiones del directorio y la decisión sobre una posible Asamblea de la Cruceñidad marcarán los siguientes pasos del movimiento cívico cruceño frente a la crisis de combustibles y al cuestionado Decreto Supremo 5676.