El Comité Interinstitucional se reunió y seguirá de cerca el cumplimiento del calendario del próximo censo. Eso sí, en medio de un proceso legal por terrorismo instaurado contra cinco dirigentes que lideraron la movilización.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; el gobernador, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el asesor jurídico del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron demandados por al menos 12 delitos que se pudieron cometer durante el paro por el censo. Por eso, ayer se aprobó una agenda de ocho puntos para reivindicar el derecho a la protesta y esto se hará con una masiva marcha que tendrá lugar este viernes 9 de diciembre en Santa Cruz de la Sierra.
Cuéllar, fue quien leyó las conclusiones del encuentro que parten, precisamente, con un rechazo a esos procesos legales “por ser nulos de pleno derecho”. Además, se pide “estar preparados ante cualquier acción legal” que afecte al grupo que dirigentes.
En un segundo punto se aprobó crear comisiones de trabajo para “el análisis estratégicos en los distintos campos: jurídico, político, económico, social y comunicacional” para “las luchas que vienen y ante los permanentes atropellos que sufre Santa Cruz y sus ciudadanos”. Por eso se instruyó que “ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”.
Tal como lo había anunciado el lunes el rector Cuéllar, cada institución que es parte del Comité se organizará para presentar testigos de descargo ante las acciones legales que anunció el Gobierno.
“Estamos resistiendo, resistiendo y resistiendo, pero tenemos que vivir en paz y que se respeten los derechos y para eso no sólo es resistiendo, para eso se debe reevaluar y reordenar nuestra relación política y económica con el Estado. Eso de estar mendigando lo que por ley nos corresponde no puede continuar”, afirmó al término del encuentro el gobernador.
EL DEBER
