LA PAZ – El futuro de la Ley Antibloqueo quedó en la incertidumbre este martes tras la decisión de la Cámara de Diputados de suspender su debate inmediato. El diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, convocó a una «construcción colectiva» de la norma mediante mesas de diálogo, abriendo un plazo de acreditación para la sociedad civil que vence el 29 de enero.
La jornada estuvo marcada por una evidente división en la cúpula del poder. Desde Potosí, el presidente Rodrigo Paz intentó distanciarse de la autoría de la ley, aunque enfatizó que los bloqueos son el mayor obstáculo para la inversión minera y el nuevo aeropuerto regional. Casi en simultáneo, el vicepresidente Edmand Lara arremetió contra Paz en un acto en Oruro, asegurando que no permitirá la criminalización de la protesta y calificando al mandatario de incumplir sus promesas electorales.
La Central Obrera Boliviana (COB), a través de su secretario general Claudio Choque, ratificó el estado de emergencia. La organización matriz de los trabajadores exige el retiro inmediato de cualquier proyecto que pretenda penalizar el cierre de carreteras, advirtiendo que «volverán a las calles» si la Asamblea intenta reactivar la norma.
Dentro del Legislativo, el debate técnico también se ha estancado. Diputados de diversas bancadas han expresado su rechazo a la propuesta de eximir de responsabilidad penal a las fuerzas del orden (Policía y Ejército) en operativos de desbloqueo, una de las cláusulas más polémicas del proyecto original impulsado por la bancada de Unidad.
