La relación diplomática entre Bolivia y Colombia ingresó en un nuevo nivel de tensión luego de que el Gobierno colombiano dispusiera el cese de funciones del encargado de la embajada boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, como medida de reciprocidad a la expulsión de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia oficializó la decisión mediante un comunicado, en el que señala que la medida responde estrictamente al principio de reciprocidad tras la determinación adoptada por el Gobierno boliviano.

El conflicto se intensificó luego de declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó las protestas en Bolivia como una “insurrección popular”, afirmación que fue rechazada por el Gobierno boliviano.

El presidente Rodrigo Paz consideró esas declaraciones como un “ataque a la democracia” y cuestionó una posible injerencia en asuntos internos del país.

Por su parte, la Cancillería colombiana negó cualquier intención de intervención en la crisis boliviana y ratificó su compromiso con los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto a la soberanía de los Estados.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro manifestó su disposición a colaborar en una salida pacífica a la crisis política en Bolivia, además de llamar a fortalecer una “democracia profunda y multicolor” en la región.

La tensión diplomática coincide con un escenario interno complejo en Bolivia, donde continúan las protestas y bloqueos en La Paz y El Alto, impulsados por sectores sociales y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia del mandatario boliviano.