Los cívicos de Santa Cruz consideran inviable que el Gobierno instale un diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de la reunión prevista para este miércoles en La Paz, en medio de más de 40 días de bloqueos en distintas carreteras del país.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó la decisión del Ejecutivo de abrir una mesa de negociación con la dirigencia sindical y pidió acciones inmediatas para garantizar la libre transitabilidad y el normal desarrollo de las actividades económicas.
“El Gobierno tiene que actuar conforme a la Constitución y garantizar la libre transitabilidad, el derecho al trabajo y la producción. La única forma de hacerlo es con la aplicación de la ley de estado de excepción”, afirmó el líder cívico.
Cochamanidis apuntó a la dirigencia de la COB como responsable de las movilizaciones y sostuvo que el Gobierno no debería sentarse a dialogar con los sectores que impulsan los bloqueos, a quienes acusó de generar violencia y afectar la economía nacional.
“Yo creo que habría que preguntarse quién gobierna Bolivia, si el presidente Rodrigo Paz, Evo Morales o la COB. No se puede negociar con quienes han destruido el país”, manifestó, al tiempo de señalar que la crisis económica ya habría generado pérdidas millonarias.
El dirigente cívico responsabilizó al Ejecutivo por la prolongación del conflicto y aseguró que la falta de decisiones firmes ha permitido que la situación se extienda por más de 40 días.
Antecedentes
El Gobierno y la COB tienen previsto instalar una reunión este miércoles a las 16:00 en La Paz, en un contexto de conflictividad social y bloqueos. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 49 puntos de bloqueo activos, aunque en días anteriores el conflicto superó los 100 puntos en distintas rutas del país.
Desde inicios de mayo, la COB exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. A estas medidas se sumaron otros sectores sociales, algunos afines al expresidente Evo Morales. Tras más de un mes de tensión, la COB conminó al Gobierno a encaminar la pacificación y presentó un pliego de ocho demandas, lo que permitió finalmente abrir un espacio de diálogo con el Ejecutivo.
