Tras una seguidilla de asesinatos registrados en distintos municipios, la Asamblea Legislativa Departamental y el Comité pro Santa Cruz cuestionaron la respuesta estatal y pidieron reforzar la inteligencia, los controles fronterizos y la lucha contra las estructuras criminales.
La preocupación por el avance de hechos violentos en Santa Cruz crece entre autoridades y sectores institucionales, luego de una serie de asesinatos registrados en distintos municipios del departamento, varios de ellos bajo características que son asociadas a ajustes de cuentas y posibles acciones de grupos organizados.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, manifestó su alarma por los recientes asesinatos ocurridos en diferentes municipios del departamento y afirmó que la situación requiere una respuesta urgente del Estado.
«Expreso mi profunda preocupación por la alarmante escalada de hechos violentos que vive nuestro departamento. Se han registrado nueve asesinatos en apenas cinco días, varios de ellos con características propias del sicariato y del crimen organizado», señaló Álvarez.
La autoridad departamental indicó que los hechos registrados en zonas como San Ignacio de Velasco, San Matías y Yapacaní evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de prevención e investigación.
«Estos hechos exigen una respuesta inmediata y coordinada del Estado. Exigimos al Gobierno nacional la adopción urgente de medidas preventivas y el fortalecimiento de la seguridad interior del Estado», afirmó.
Álvarez también demandó mayor capacidad operativa para las instituciones encargadas de combatir el delito y pidió dotar de recursos a la Policía Boliviana y al Ministerio Público.
«Es indispensable reforzar la Inteligencia policial, intensificar el control de fronteras, combatir con firmeza a las organizaciones criminales y garantizar que el Ministerio Público y la Policía Boliviana cuenten con los recursos necesarios para investigar, identificar y llevar ante la Justicia a los responsables», sostuvo.
La presidenta de la ALD remarcó que la violencia no puede convertirse en una amenaza permanente para la población.
«No podemos permitir que el miedo sustituya a la libertad, ni que la violencia organizada pretenda imponerse sobre el Estado de Derecho. La seguridad ciudadana no admite indiferencia ni demora: requiere decisión, coordinación institucional y acciones concretas», manifestó.
Desde el Comité pro Santa Cruz, el vicepresidente Agustín Zambrana cuestionó la demora en la aplicación de medidas anunciadas para enfrentar el crimen organizado.
Zambrana recordó que el pasado 2 de mayo se realizó una reunión con autoridades nacionales, departamentales, municipales y representantes de la justicia, donde se anunció una respuesta conjunta y la convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad.
Sin embargo, observó que esta instancia recién tuvo su primera reunión el 30 de julio.
«Nos preocupa que una respuesta que debía ser inmediata haya tardado casi tres meses en concretarse. La seguridad de los ciudadanos no puede esperar mientras la violencia sigue avanzando», señaló el dirigente cívico.
Los pronunciamientos surgen luego de una serie de ataques y muertes violentas que mantienen en alerta a diferentes regiones del departamento, mientras sectores institucionales demandan una estrategia más efectiva para enfrentar al crimen organizado.