Las federaciones de transporte público iniciaron un paro indefinido que mantiene bloqueadas las calles de La Paz y El Alto, en reclamo del pago por los daños ocasionados por la gasolina desestabilizada. La medida evidencia la creciente fricción entre el sector transporte y el Gobierno, y pone en alerta a la ciudadanía y a las autoridades locales.
El conflicto comenzó tras un paro de 24 horas el miércoles, luego de que la dirigencia del sector denunciara que ninguno de sus afiliados había recibido el resarcimiento prometido. La protesta se radicalizó cuando los choferes exigieron la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y del presidente de YPFB, Yussef Akly, argumentando que el Gobierno no atendió sus demandas.
Los dirigentes dejaron en claro que no aceptarán convocatorias de diálogo sin decisión ejecutiva, solicitando que solo el presidente Rodrigo Paz o una comisión con poder de resolución pueda abordar la situación.
Desde YPFB, el gerente de Comercialización, Nelson Mendoza, señaló que el plan de resarcimiento está activo y que los pagos comenzaron a realizarse desde este miércoles en ventanillas del banco estatal y mediante QR, aunque reconoció que existen 3.000 reclamos pendientes que serán revisados individualmente.
Analistas indican que este conflicto pone de relieve problemas estructurales en la comunicación y coordinación entre el Gobierno y sectores estratégicos, y que las medidas de presión podrían mantenerse hasta que se otorguen garantías concretas sobre el resarcimiento.
Mientras tanto, la protesta genera interrupciones en el transporte urbano, afectando la movilidad en La Paz y El Alto y poniendo en evidencia la necesidad de una resolución rápida para evitar un impacto social mayor.
