El Ministerio Público amplió la investigación del caso conocido como “Maletas” y anunció que solicitará detención preventiva para tres exfuncionarios de la Aduana Nacional, acusados de omitir el control de 32 equipajes que ingresaron al país desde Los Ángeles, Estados Unidos, a través del aeropuerto internacional Viru Viru.

Documentos internos, mensajes de chat y audios revelan que tanto personal de base como altos mandos de la Aduana estaban al tanto del ingreso de las maletas, así como del uso de un pasaporte diplomático vinculado a la exdiputada Laura Rojas, sin que se haya realizado ninguna denuncia formal.

De acuerdo con las comunicaciones, el maletero Fernando Beltrán solicitó autorización a David Alanoca, encargado de Viru Viru, para entregar las maletas. Alanoca consultó a la directora regional a.i. y jefa jurídica, Mónica Castro, quien, pese a advertir que se trataba de “hartas maletas”, delegó la decisión al supervisor del aeropuerto, Olberth Maydana.

La información llegó también a Susana Ríos, Gerente Nacional, y a Wilma Cardozo, Gerente Nacional de Operaciones, antes de ser elevada al presidente de la Aduana, Soto de la Vía, quien solicitó informes directos sobre el caso. Sin embargo, ninguno de los altos funcionarios habría denunciado la irregularidad ni se constituyó como víctima en las investigaciones, mientras que los técnicos que participaron en la entrega enfrentan imputaciones por incumplimiento de deberes, lo que algunos interpretan como un intento de desviar responsabilidades.

El Ministerio Público presentó imputación formal contra Fernando B., Olberth M. y David B. A. por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Otros dos exfuncionarios, Camila Vaca y Álvaro Alejandro Barbery, continuarán el proceso en libertad.

Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2025, cuando las maletas fueron retiradas del aeropuerto por la exdiputada Laura Rojas, actualmente detenida en Palmasola junto al juez Hebert Zeballos Domínguez. La Fiscalía advierte que se incumplieron obligaciones legales establecidas en el Código de Procedimiento Penal y en el Reglamento Aduanero de Pasajeros y Divisas, lo que abrió la puerta a un presunto uso indebido de pasaporte diplomático y a graves falencias en el control aduanero.