defensa del asesor político alegó que el traslado podría poner en riesgo su integridad y afectar su estado de salud. Durante la audiencia, Cerimedo afirmó que teme por su vida. El tribunal finalmente denegó la tutela solicitada.

El traslado de Fernando Cerimedo al penal de Chonchocoro se mantiene luego de que un tribunal de garantías de Santa Cruz rechazara este viernes la acción de libertad presentada por su defensa.

La audiencia estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra las Violencias hacia las Mujeres N.º 2 de Santa Cruz, que asumió competencia como instancia de garantías constitucionales para analizar los argumentos expuestos por ambas partes.

Durante la sesión, los abogados de Cerimedo cuestionaron su traslado y advirtieron que las condiciones del nuevo recinto penitenciario podrían representar un riesgo para su integridad y tener repercusiones en su estado de salud.

El propio Cerimedo tomó la palabra durante la audiencia y manifestó que atraviesa problemas que, según explicó, pueden agravarse en escenarios de presión y estrés. En ese contexto, expresó su preocupación por su seguridad y afirmó: “Mi vida está en riesgo”.

El asesor político también rechazó las versiones sobre presuntos privilegios durante su permanencia en Palmasola. Según su declaración, permanece aislado, no cuenta con un teléfono celular y tampoco recibe visitas.

Lara cuestiona los argumentos de la defensa

Durante la audiencia también se produjo un intercambio entre Cerimedo y el vicepresidente Edmand Lara, quien cuestionó los fundamentos planteados para intentar frenar el traslado.

Lara sostuvo que la defensa no habría demostrado de manera suficiente la existencia de un peligro concreto para la vida o la salud del acusado. Con ese argumento, solicitó que la acción de libertad sea rechazada.

Tras escuchar las posiciones de las partes, el tribunal resolvió denegar la tutela solicitada, por lo que la determinación mantiene vigente el traslado de Cerimedo al centro penitenciario de Chonchocoro.

La decisión se produce en medio de las investigaciones y procesos judiciales que enfrenta el asesor político, quien permanece con detención preventiva mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.