La Fiscalía General del Estado inició una investigación por un presunto caso de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados, luego de las denuncias de familiares de jóvenes bolivianos que habrían sido captados con falsas ofertas laborales y trasladados a Rusia.

La fiscal superior Alexandra Rocha informó que el Ministerio Público recibió dos denuncias en la ciudad de Santa Cruz. La primera fue presentada en mayo y la segunda el 14 de julio de 2026, esta última con seis presuntas víctimas identificadas a partir de las entrevistas realizadas a sus familiares.

“Los dos casos aperturados están dirigidos contra autor o autores, debido a que todavía no se ha identificado a una persona en particular”, explicó Rocha, al señalar que la Fiscalía debe actuar con responsabilidad y respaldar cualquier acusación con elementos probatorios.

De acuerdo con la autoridad, los jóvenes habrían sido contactados mediante propuestas de trabajo en el exterior, principalmente relacionadas con actividades como albañilería y otros oficios, pero al llegar a Rusia presuntamente fueron vinculados a actividades militares.

Dentro de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó información a diferentes instituciones para establecer la ruta migratoria de los ciudadanos, verificar posibles movimientos económicos y determinar quiénes realizaron los pagos o depósitos relacionados con las promesas ofrecidas a las víctimas.

Además, se activó un trabajo de ciberpatrullaje en coordinación con la Policía Boliviana para identificar los anuncios difundidos en redes sociales, los contactos utilizados para captar a los jóvenes y posibles vínculos con una estructura criminal.

La Fiscalía también gestiona cooperación internacional mediante los canales oficiales, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y la Cancillería, con el objetivo de obtener información de las autoridades rusas sobre el paradero y la situación de los ciudadanos bolivianos.

Rocha explicó que, por tratarse de un posible delito transnacional, los Estados tienen la obligación de cooperar en la investigación y facilitar información que permita esclarecer los hechos.

La fiscal señaló que este tipo de casos podrían estar relacionados con redes organizadas que operan en varios países, debido a denuncias similares registradas en otras naciones como Perú, Chile, Paraguay y Cuba, donde ciudadanos habrían sido captados bajo engaños para participar en el conflicto armado.

Asimismo, indicó que la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado participa en las investigaciones para determinar si existe una estructura dedicada al reclutamiento ilegal de personas, aprovechando situaciones de vulnerabilidad y necesidad económica.

Respecto a las diligencias realizadas en la comunidad Rincón de Palometas, en Santa Cruz, donde se encuentran familiares de algunos de los jóvenes afectados, informó que fiscales y policías trabajan en la recopilación de testimonios, documentación y otros elementos que permitan establecer el modo de operación de los presuntos responsables.

La representante del Ministerio Público aseguró que la información difundida en redes sociales debe ser verificada mediante los mecanismos legales correspondientes y no descartó que, si se confirma la presencia de ciudadanos bolivianos en territorio ruso, se puedan gestionar acciones para su asistencia y eventual retorno al país.